¿Qué importancia tiene la RSC dentro de su dirección general?

Es un asunto que me ocupa bastante tiempo, porque está muy presente en el mundo empresarial. Estamos intentando elaborar una política de fomento de RSC y queremos que sea dialogada. En esta materia hay dos actuaciones concretas. Una, que se ha incorporado al diálogo social y, otra, a través del foro de expertos en responsabilidad. Fuera del ministerio hay otra tercera, que es la subcomisión parlamentaria. Pretendemos recoger las conclusiones de los tres frentes y analizarlas. Después, el Gobierno tomará cartas en el asunto sobre qué es lo que pretende hacer.

El foro de expertos ha consensuado una definición de responsabilidad corporativa. Es un avance, ¿no?

Es un paso muy importante, pero que ha costado. El foro de expertos se planteó una agenda de ocho sesiones de trabajo totalmente estructuradas y la primera era para definir qué era la RSC, cómo se entendía, quiénes son los agentes que participan o deben hacerlo, y dar alguna idea de cuál debe ser el trabajo que deben hacer las Administraciones públicas o si es que deben hacerlo. Pero esa sesión no duró un día como estaba previsto; fueron tres, porque hay 40 personas y diferentes opiniones. Pero al final se logró una definición. Se ha llegado a un equilibrio donde se plantea que la RSC es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en el gobierno y la gestión de las empresas de las políticas y procedimientos sociales, laborales, medioambientales, etcétera. Es decir, si una empresa quiere definirse como responsable, antes tiene que demostrar que cumple la normativa vigente en todas las materias. Y a partir de ahí, será responsable porque realiza una serie de acciones con carácter voluntario que ha incorporado dentro de su estrategia.

¿Si le damos la vuelta, se podría decir que una empresa que se ciña a lo legal y no realice acciones voluntarias no es responsable?

Sería responsable en el término de cumplimiento de la ley, pero no en el criterio de lo que se está intentando definir como responsabilidad social de las empresas. Esta es la filosofía de lo que se pretende y costó llegar a ese acuerdo. También se logró el consenso sobre la importancia de que la RSC no sea la definición que le de cada una de las empresas, sino que haya un acuerdo con las organizaciones sociales.

El programa electoral del PSOE contemplaba la promulgación de una ley de responsabilidad corporativa. ¿Se ha abandonado la idea?

No. Se hablaba de una ley y hasta de un consejo. La ley puede ser de fomento, de incentivar que se lleven a cabo esas prácticas, no de crear obligaciones. La idea de la ley no está abandonada. Lo que no queremos es crear una ley antes de que se produzca el debate. La idea es hacer una normativa que fomente las prácticas de responsabilidad de las empresas. ¿Puede ser que se plantee algún tipo de regulación de los reportes? Pues sí, pero hay que ver entre todos cómo lo abordamos y cómo se pueden plantear esas auditorías para que nadie diga que hace responsabilidad corporativa y a lo mejor, está haciendo acciones muy loables de filantropía, pero que no están en el contexto de la RSC.

En cuanto al consejo de fomento de la RSC, eso sí necesitará una norma, un real decreto o una ley. Ahí tienen que estar todas las partes implicadas: empresarios, trabajadores, organizaciones defensoras de derechos sociales, medioambientales, consumidores...

¿Qué competencias tendrá el consejo?

Diseñar las políticas de fomento y emitir informes sobre las nuevas leyes que puedan afectar a ámbitos vinculados con la RSC.

¿Qué puede pasar si las conclusiones del foro de expertos del Ministerio de Trabajo no coinciden con las de la subcomisión?

Pues lo tendríamos bastante difícil. Pero yo reo que habrá coincidencia, porque el gran debate que había en materia de RSC era la voluntariedad o la obligatoriedad y esto se ha roto con el documento de definición que hemos elaborado. Hemos dado un paso gigantesco para que exista un acuerdo. Ahora tenemos que ir al detalle y ahí si puede haber controversia, pero todo se puede alcanzar dialogando.

Una definición consensuada

El foro de expertos del Ministerio de Trabajo ha consensuado una primera definición que considera que, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales, la responsabilidad social de las empresas (RSE) es 'la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones'.

Según el documento elaborado por este foro de expertos, una empresa es socialmente responsable 'cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés'.

(Fuente: Cinco Días)