La promoción de empresas sostenibles está al centro del mandato de la OIT. Muchas empresas han adoptado políticas que rigen los aspectos del trabajo y el empleo de sus operaciones, incluyendo las cadenas de aprovisionamiento, como parte de sus estrategias de sostenibilidad a largo plazo.

Al mismo tiempo, muchos gobiernos están introduciendo leyes y políticas dirigidas a estimular las prácticas comerciales responsables de las empresas.

La OIT es la anfitriona de la mesa redonda anual interagencial sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), que este año se concentra en qué están haciendo los gobiernos para promover una conducta empresarial responsable gracias a la contratación pública sostenible (CPS).

La contratación pública representa 13 por ciento del PIB de los países OCDE y varía entre 15 y 20 por ciento del PIB en los Estados fuera de la OCDE. Esto significa que los gobiernos son grandes compradores y pueden tener un impacto significativo sobre la demanda de los mercados para las prácticas empresariales responsables y sostenibles.

La idea de vincular la contratación pública a otros objetivos políticos de los gobiernos no es nuevo, pero las preocupaciones relativas al proteccionismo y la falta de transparencia han obstaculizado el uso de la CPS. Las objeciones a la CPS relacionadas con el comercio han sido ampliamente superadas y el debate no se concentra más en si usar o no la CPS, sino más bien en cómo ponerla en práctica.

La CPS tradicionalmente se ha concentrado en el impacto sobre el medio ambiente, ya que con frecuencia ha estado relacionada con las políticas medioambientales originadas de los compromisos asumidos en la Cumbre para la Tierra y el Protocolo de Kyoto. Más recientemente, países como los Países Bajos comenzaron a incorporar cláusulas sociales a sus prácticas CPS.

Los principales instrumentos de la OIT para guiar estos esfuerzos son la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales  y la política social, y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos instrumentos pueden ofrecer orientación a las empresas sobre la política social y las prácticas laborales responsables. También ofrecen orientación a los gobiernos sobre cuáles criterios sociales incorporar en la contratación pública sostenible.

El desafío actual es cómo incorporar los criterios sociales en los procesos de contratación de manera eficaz -que un número cada vez

mayor de gobiernos, a diferentes niveles, comienzan a abordar- y a la vez evitar los efectos adversos.

Por ejemplo, el programa chileno de CPS, Chile Compra, establece un objetivo de 15 por ciento de órdenes de compra que satisfagan los criterios de sostenibilidad. El marco normativo proporciona un margen amplio para la implementación de prácticas de contratación sostenible y para la innovación. Los programas incluyen la integración de la etiqueta ecológica, la acreditación de los proveedores, la formación y el desarrollo de las capacidades, y el intercambio de información. El gobierno no sólo alcanzó su objetivo sino que también redujo sus costos de adquisición gracias a este mecanismo.

A nivel municipal, la ciudad de Malmö en Suecia puso en práctica un sistema de verificación de las clausulas sociales en las adquisiciones públicas, que comienza con el análisis de los riesgos a fin de identificar las categorías de productos que tiene mayores probabilidades de infringir los derechos de los trabajadores; después establece códigos de conducta vinculantes para esa categoría de productos. Las herramientas de verificación para las empresas en cuestión incluyen cuestionarios, estudio de las autoevaluaciones de los proveedores por entes públicos, auditorías e inspecciones a los proveedores, con frecuencia realizadas por inspectores públicos.

Los gobiernos disponen de un margen de maniobra relativamente grande para ofrecer estímulos adicionales a fin de promover una conducta empresarial responsable. Los gobiernos, para aprovechar esta considerable capacidad de influir, tienen que encontrar sus propia fórmula, basada en las buenas prácticas y en las lecciones aprendidas, y estimular internamente la innovación y el cambio.

En este esfuerzo, hay espacio para 'romper los esquemas' y establecer prácticas vanguardistas.

Por otra parte, los gobiernos deben tener presente las consecuencias. ¿La CPS contribuye realmente a la sensibilización de la responsabilidad empresarial para que sean respetados los derechos de los trabajadores? ¿Cómo evitar que las prácticas de CPS desfavorezcan a las pequeñas y medianas empresas (PYME)? A este respecto, los interlocutores sociales tienen un papel fundamental que desempeñar en el desarrollo de políticas y prácticas en materia de CPS.

Fuente: OIT