Indonesia es el primer país en legislar su RSE
Esta semana se anunció oficialmente que Indonesia se ha convertido en el primer país del mundo en legislar la RSE, luego de que la Cámara de Diputados rechazara las objeciones que se hicieron a la Ley de Sociedades Anónimas. El Comité Especial que se formó para debatir el borrador del proyecto de ley se basó en experiencias similares de Holanda, Tailandia y China. Los legisladores eran conscientes de la inexistencia de leyes sobre el tema en el resto del mundo, pero entendieron que en Indonesia los hombres de negocios no estaban comprendiendo la RSE, cuestión que se evidenciaba en el incumplimiento de las leyes ambientales.
Las primeras voces críticas ya señalan cómo es posible que se mire a China como modelo de Responsabilidad Social, cuando es mundialmente conocido que la situación allí no es la óptima. Esas mismas voces ponen como ejemplo a India, donde sí las empresas están haciendo mejor las cosas. Se refieren, por caso, al Grupo Tata que mucho tiempo antes de que India se independizara de Gran Bretaña, ya tenía incorporado conceptos de lo que hoy se conoce como RSE.
Inicialmente, la RSE iba a ser obligatoria para todas las empresas. Pero semanas antes de que el Proyecto se convirtiese en Ley, la fuerte oposición de la Cámara Indonesa de Comercio e Industria (KADIN) y de otras entidades representativas de los negocios del país, hizo que el Parlamento reformara el Párrafo 74 haciéndolo obligatoria la RSE sólo para las compañías del sector de recursos naturales.
Casi al último momento, fueron incluidos también los hospitales y demás productores de residuos patogénicos. La duda que dejaba este punto es qué ocurrirá con los hospitales públicos y todas aquellas organizaciones que no son sociedades anónimas.
Otra de las objeciones es que la Ley habla de RSE pero nada dice de desarrollo sustentable, relaciones con la comunidad o diálogo con los grupos de interés. Sólo el medio ambiente es mencionado en el párrafo 74.
Ahora la KADIN tiene por delante el desafío de influir para que la reglamentación que se haga de la Ley responda a las posibilidades del sector empresario.