"Las ganancias de los grandes supermercados aumentan, pero la proporción destinada a los trabajadores y productores de alimentos se ha reducido, en algunos casos hasta menos del 5%", revela el informe "Maduro para el cambio" (Ripe for Change: ending human suffering in supermarket supply chains) de Oxfam y Sustainable Seafood Alliance.

Para su elaboración, fueron analizadas y puntuadas las políticas de información pública y prácticas de la cadena de suministro de los 16 supermercados más grandes y de más rápido crecimiento de Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido y los EE. UU.

Con respecto a los resultados, todos los supermercados obtuvieron calificaciones muy bajas en todos los temas, incluida la transparencia de sus cadenas de suministro y el trato que reciben los trabajadores, los pequeños agricultores y las mujeres de esas cadenas. Dentro de los puntajes, solo cuatro supermercados obtuvieron puntajes por encima de cero en empoderar a las mujeres en sus cadenas de suministro y, en lo referido al apoyo a proveedores para pagar salarios decentes, todos los supermercados obtuvieron el puntaje más bajo (cero puntos).

Por su parte, los trabajadores describieron condiciones inseguras, salarios de pobreza, interrupciones estrictas en el baño y el agua, y abuso verbal.

Mientras que, gran cantidad de los trabajadores tiene salarios bajos o viven en la pobreza, las ocho cadenas de supermercados más grandes generaron casi un billón de dólares en ventas, de los cuales $ 22 mil millones fueron ganancias y los accionistas recibieron $ 15 mil millones.

“Esta injusticia no debería estar en los estantes de las tiendas, especialmente cuando la industria alimentaria genera miles de millones de dólares y recompensa generosamente a los accionistas ", expresó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam International.

En este contexto, Oxfam lanzó una nueva campaña para instar a los supermercados y gobiernos a reprimir condiciones de trabajo inhumanas, abordar la discriminación contra las mujeres, aumentar la transparencia sobre el origen de los alimentos y garantizar que una mayor proporción, de lo que gastan los consumidores en alimentos, llegue a los trabajadores y productores.

Dentro de las recomendaciones al gobierno, el informe apunta a que controlen los abusos de poder y legislar para respetar, proteger y cumplir y derechos laborales, para ello, deben introducir o utilizar la legislación de competencia o antimonopolio existente contra la acumulación y el ejercicio del poder privado. Por ejemplo, los gobiernos deberían regular contra altos niveles de concentración de mercado o el comportamiento anticompetitivo y el uso indebido del poder de mercado; también deben implementar políticas o legislación para prevenir prácticas comerciales desleales. Toda legislación debe describir claramente el acceso a la reparación para los actores de la cadena de suministro globalmente si se ven directa o indirectamente afectados por prácticas comerciales desleales.

Asimismo, recomienda, apoyar la adopción del Tratado de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, además de para garantizar que los UNGP se estén implementando a nivel nacional. Este tratado de la ONU debería establecer estándares vinculantes para los estados, incluido un reconocimiento de que las corporaciones tienen responsabilidades legales con respecto a los derechos humanos y laborales y garantizar que estos se observan en la práctica; con disposiciones para sanciones y acceso a agravios y remedio para las partes afectadas.

"El sector privado tiene el potencial de sacar a millones de personas de la pobreza", añadió Byanyima. "Los supermercados pueden permitirse pagar a los productores un precio justo sin agobiar a los compradores. En muchos casos, devolver el uno o dos por ciento del precio minorista -unos pocos centavos- cambiaría la vida de las mujeres y los hombres que producen la comida”, finalizó la directora ejecutiva.