Se trata de una proposición no de ley que recomienda a las empresas que se establezcan los procedimientos a seguir cuando se tenga el conocimiento, o la sospecha, de que se produce una de las situaciones anteriormente mencionadas, con el objeto de garantizar una actuación eficaz en la necesaria prevención,  erradicación y sanción del acoso en el trabajo.

Se inspira en el 'Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Trabajo', firmado en la UE en 2007, que a juicio del PP ha supuesto que la mayor parte de los países miembros hayan realizado cambios normativos o hayan establecido acuerdos de carácter nacional o regional en el terreno laboral para su implementación.

En la legislación española el PP recuerda que hay diferentes normativas que hacen referencia al acoso sexual y al acoso por razón de sexo y, también se establecen medidas concretas para prevenir y combatir estas conductas. No obstante, advierte de que un porcentaje elevado de las personas trabajadoras que lo sufren en la Unión Europea son mujeres.

En el ámbito empresarial dice que el uso de procedimientos formalizados para la resolución de los casos detectados está "más generalizado" en los países del norte de Europa, a diferencia de España y los países del sur, "menos propensos a adoptar este tipo de procedimientos o protocolos de actuación para la resolución de los casos en el ámbito de las empresas".

En este sentido, indica que el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ofrece asesoramiento, documentación y modelos de protocolos que pueden ser utilizados, con orientaciones y criterios que pueden ser de utilidad para las empresas.