En América Latina el derecho a la consulta indígena enfrenta limitaciones
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), a solicitud de Oxfam, elaboró una publicación sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas en cuatro países de la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
En este documento se abordaron los estándares de los organismos internacionales con competencia para pronunciarse sobre esta temática. Asimismo, se realizó un análisis en los referidos países, resaltándose los avances producidos para ese momento a nivel constitucional, legal y jurisdiccional, y advirtiéndose sobre los retrocesos a través de casos emblemáticos. Con base en este análisis, se formularon recomendaciones a cada uno de los actores involucrados.
El estudio actual busca actualizar los procesos descritos en el 2011 y servir de insumo para el debate sobre el contenido y alcance de este derecho y la necesidad de contar con mecanismos para que los pueblos indígenas y tribales no solo sean partícipes de las decisiones que afectan sus derechos, sino también artífices de su propio desarrollo.
El estudio concluye que transcurridos cuatro años desde la primera publicación, subsiste en la región un contexto de conflictividad social vinculada a la extracción de recursos naturales y su particular afectación en los pueblos indígenas y tribales.
El cumplimiento efectivo de las garantías del derecho se enfrenta a múltiples limitaciones prácticas, sostiene el estudio. Si bien es indudable que el Estado es el encargado de dar cumplimiento a este derecho…existe menos claridad en cuanto a la manera concreta de hacerlo. En cuanto a Perú, un aspecto de preocupación es la exclusión de procesos consultantes ante la existencia de “acuerdos” entre la empresa y las comunidades. En Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala y Perú, los estudios de impacto ambiental los realiza la empresa…con un interés directo en el proyecto…[y] se presentan cuestionamientos en cuanto al cumplimiento del deber de supervisión por parte de los Estados.
El mismo tiempo el estudio advierte que, en años recientes, se han presentado ciertos cambios favorables al desarrollo del derecho a la consulta en la región. En la gran mayoría de los países de América Latina se ha creado mayor consciencia en los actores políticos y sociales relevantes, sobre la obligatoriedad y necesidad de implementar mecanismos de consulta previa para los pueblos indígenas y tribales, y se han adoptado ciertas acciones dirigidas a este fin.