El programa se implementará junto a cuatro organizaciones internacionales: Baby2Baby, Plan International, Project HOPE y UNICEF. Cada una aportará su experiencia en áreas clave como salud materno-infantil, higiene menstrual, acceso a productos de cuidado y fortalecimiento de sistemas locales de salud. Con esta red de alianzas, la empresa busca abordar desigualdades persistentes en el acceso a la salud, la educación y el bienestar de las mujeres.

En América Latina, el anuncio tiene especial relevancia por la persistencia de brechas estructurales. A pesar de los avances en cobertura sanitaria, las tasas de mortalidad materna y neonatal siguen siendo altas en comunidades rurales e indígenas, donde el acceso a servicios básicos y educación sexual es limitado. La falta de infraestructura adecuada y de información sobre salud menstrual también genera exclusión y ausentismo escolar entre adolescentes.

"Como líder global de Impacto Social, me emociona profundamente formar parte de este equipo y me llena de orgullo trabajar con tantos colegas cuya visión comparto: hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Porque creemos que mejor cuidado para mujeres y niñas significa un mundo mejor para todos", sostuvo Agustina Mattioli, líder global de Impacto Social de Kimberly Clark. 

Kimberly-Clark ha trabajado previamente en la región con UNICEF y Plan International en proyectos orientados al desarrollo infantil temprano y la promoción de la salud menstrual. Este nuevo esfuerzo amplía ese alcance con una visión más integral: no solo busca distribuir productos, sino también mejorar capacidades institucionales, formar personal de salud, promover la educación menstrual y apoyar programas de salud mental materna.

El impacto dependerá de la capacidad de coordinar esfuerzos con gobiernos locales y actores comunitarios para que las intervenciones sean sostenibles. En Brasil y Perú, donde se espera la mayor concentración de actividades, el reto será lograr que las acciones lleguen a zonas vulnerables y se integren en las políticas públicas nacionales. Aunque se trata de una iniciativa global, su éxito en América Latina podría marcar la diferencia en cómo las empresas privadas asumen un rol más activo en la reducción de desigualdades estructurales vinculadas a la salud y los derechos de las mujeres.