Al parecer esto está dando resultados ya que Google se ha comprometido ante la UE a tomar medidas de aquí a septiembre para proteger a los menores de costes ocultos en las aplicaciones de juegos en línea. También Apple ha anunciado que abordará el problema pero todavía no ha ofrecido soluciones concretas a Bruselas, según ha anunciado la Comisión en un comunicado.

«Esta es la primera acción en defensa de los consumidores de este tipo en la que la Comisión Europea y las autoridades nacionales han unido sus esfuerzos, y me complace ver que está produciendo resultados concretos. Esto es importante para los consumidores. Los niños, en particular, deben estar mejor protegidos cuando juegan en línea. La acción proporciona también una experiencia inestimable para la reflexión en curso sobre la manera más eficaz de organizar la defensa de los derechos de los consumidores en la Unión. Ha demostrado que vale la pena cooperar y que esta cooperación ayuda a mejorar la protección de los consumidores en todos los Estados miembros», ha declarado Neven Mimica, comisario de la UE responsable de la política de consumidores.

La vicepresidenta Neelie Kroes, responsable de la agenda digital, ha añadido: «La Comisión es muy partidaria de la innovación en el sector de las aplicaciones. Las compras desde aplicaciones son un modelo de negocio legítimo, pero es esencial que los fabricantes de aplicaciones comprendan y respeten la legislación de la UE cuando desarrollan estos nuevos modelos de negocio».

En una posición común acordada por las autoridades nacionales en el marco de la red de la cooperación en materia de protección de los consumidores y comunicada a Apple, Google y la Federación Europea del Software Interactivo en diciembre de 2013 se pidió que:

• los juegos presentados como «gratuitos» no indujesen a error a los consumidores acerca del verdadero coste que conllevan;

• los juegos no contuviesen una exhortación directa a los niños para que comprasen artículos en un juego o para convencer a los adultos de que les comprasen los artículos;

• los consumidores estuviesen adecuadamente informados sobre las modalidades de pago de las compras y que no se les cobrase automáticamente por defecto sin su consentimiento expreso;

• los comerciantes facilitasen una dirección de correo electrónico para que los consumidores pudiesen contactarlos en caso de dudas o quejas.

Google ha decidido introducir una serie de cambios cuya aplicación está en marcha y se completará a finales de septiembre de 2014. Dichos cambios incluyen la no utilización en absoluto de la indicación «gratuito» cuando los juegos contengan compras desde la propia aplicación, la elaboración de orientaciones específicas para sus desarrolladores de aplicaciones a fin de evitar la exhortación directa a los niños, con arreglo a lo dispuesto en la legislación de la UE, y medidas sujetas a un calendario para ayudar a realizar un seguimiento de los presuntos incumplimientos del Derecho de consumo de la UE.

También ha adaptado sus parámetros predeterminados, de manera que los pagos deban ser autorizados antes de cada compra desde la aplicación, a no ser que el consumidor decida activamente modificar dichos parámetros.

La Unión Europea informa que lamentablemente Apple no ha ofrecido hasta la fecha soluciones concretas e inmediatas para responder a las preocupaciones relacionadas, en particular, con la autorización de pago. Pese a esto ha propuesto abordar dichas preocupaciones. Sin embargo, no ha adquirido un compromiso firme ni ha facilitado un calendario para aplicar los posibles cambios futuros. Las autoridades responsables de la cooperación en materia de protección de los consumidores seguirán colaborando con Apple para que facilite detalles específicos sobre los cambios requeridos y adapte sus prácticas a lo dispuesto en la posición común.

Las autoridades responsables de los Estados miembros y la Comisión Europea han invitado también a las asociaciones de desarrolladores y plataformas de juegos en línea a reflexionar sobre las medidas concretas que podrían adoptar para abordar las cuestiones planteadas en la posición común, incluida la posibilidad de adoptar orientaciones o normas que incorporen la posición de la cooperación en materia de protección de los consumidores.La ejecución, incluidas las posibles medidas jurídicas, está en manos de las autoridades nacionales, que estudiarán ahora la manera de abordar las cuestiones jurídicas pendientes.