La investigación abarca 38 empresas de petróleo, gas y minería, y supone una puesta al día del Índice sobre Consentimiento de las Comunidades de 2012. La finalidad principal del índice no es valorar los compromisos institucionales en la práctica, sino destacar los cambios en tendencias y políticas en el sector para alentar una carrera de altos estándares en las  distintas empresas.

El informe apunta a que las empresas extractivas reconocen cada vez más la pertinencia del CLPI para sus operaciones: hay un mayor grado de compromiso con el concepto, y un creciente número de empresas utilizan el término. El número de empresas que han asumido compromisos respecto del CLPI casi se ha triplicado desde 2012. Cabe destacar también que la lista incluye también a empresas más pequeñas no pertenecientes al Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), un aspecto alentador que sirve también para demostrar el reconocimiento creciente del CLPI en el sector. Esta tendencia, sin embargo, esconde una serie de problemas. En primer lugar, el sector del petróleo y el gas no cuentan aún con la adopción de políticas sobre CLPI: ninguna de las empresas incluidas en este informe tiene un compromiso público al respecto. En segundo lugar, pese a que aumenta el número de políticas con compromisos en el sector minero sobre el CLPI, tales políticas carecen de directrices detalladas para su aplicación y algunas empresas tienen reservas acerca del derecho básico y niegan el consentimiento. Las empresas que emplean un lenguaje vago y ambiguo sobre el CLPI podrían acabar por abusar de un concepto que ya ha quedado claramente definido en la legislación y los organismos internacionales.

Ninguna de las empresas analizadas para este informe ha asumido públicamente el compromiso de obtener el CLPI de comunidades no indígenas afectadas por los proyectos. Sin embargo, es un hecho reconocido que el involucramiento comunitario es de crucial importancia para el sector, y la utilización de lenguaje relativo a “apoyo” y “acuerdo” de la comunidad muestra una tendencia general al alza. Las políticas de muchas empresas exigen ya no solo la consulta a las comunidades, sino que buscan también su apoyo.  

Para Oxfam, lamentablemente el consenso sobre el lenguaje utilizado en torno al apoyo comunitario en el sector es escaso. Las definiciones de términos tales como “amplio apoyo comunitario” y “licencia social para operar” difieren mucho entre las distintas empresas. Esto crea una serie de problemas. Si no hay un compromiso claro por parte de las empresas de incorporar las aportaciones comunitarias y respetar las decisiones de las comunidades, ni tampoco directrices claras y públicas sobre el proceso de consultas, será difícil para las comunidades afectadas influir en los planes de las empresas, participar en los procesos de toma de decisiones y negociar acuerdos sobre reparto de beneficios. Por otra parte, si no hay una comprensión común del significado de estos conceptos de involucramiento comunitario, aumentará el riesgo de conflicto en el seno de las comunidades y entre distintas comunidades, y la rendición de cuentas de las empresas quedará debilitada.