El caso de Johnson & Johnson es el primero por opioides que llega a juicio, por lo que la decisión del magistrado del distrito de Cleveland, es vista como un precedente para los cerca de 2.000 demandantes -ciudades y condados- que presentaron demandas contra la industria farmacéutica.

El juez explicó en el fallo que Johnson & Johnson lanzó "campañas de marketing falsas, engañosas y peligrosas" que provocaron "un aumento exponencial de las tasas de adicción, muertes por sobredosis. Esas acciones comprometieron la salud y la seguridad de miles de personas.. La propia junta de asesoría científica contratada de los acusados les informó de que muchos de los mensajes de campaña "eran engañosos y no debían difundirse”.

El juez afirmó que la multa de 572 millones de dólares permitiría pagar los servicios necesarios por un año para combatir la epidemia en el Estado. La empresa se pronunció diciendo a apelará al fallo ya que la sentencia es "una aplicación errónea de la ley que ya ha sido rechazada por jueces en otros estados".  El abogado principal de la farmacéutica, Larry Ottaway, dijo durante el juicio de siete semanas que los medicamentos opioides satisfacen una necesidad: abordar el dolor crónico que afecta a miles de residentes de Oklahoma todos los días. Además reconoció que “la crisis de opioides es un problema de salud pública tremendamente complejo y tenemos una profunda simpatía por todos los afectados. Estamos trabajando con socios para encontrar formas de ayudar a los necesitados”.

Como respuesta a este fallo, la coalición de inversores “Investors for Opioid Accountability” presentó un informe que detalla la posición de los inversores en empresas de opioides y exige mayor transparencia y gestión de riesgos. Además, anuncia acuerdos históricos con 20 fabricantes, distribuidores y farmacias minoristas de opioides implicados en la crisis de EE.UU.

Se trata de la primera iniciativa de inversores por la crisis del impacto de los opioides. Como inversores a largo plazo en estas empresas, los miembros del IOA se unificaron por la necesidad de abordar la responsabilidad corporativa en las prácticas de gobierno, cumplimiento y compensación, especialmente a la luz de los crecientes riesgos legales y financieros que enfrentan estas empresas.

En menos de dos años, el IOA vería crecer sus filas a 54 fondos que representan más de $ 4 billones en activos bajo administración y asesoramiento.

“Como inversores a largo plazo en compañías de opioides, nos sentimos obligados a actuar de manera rápida y decisiva para utilizar nuestra voz colectiva de inversionistas para pedir a las compañías que rindan cuentas de su papel en la crisis de los opioides”, destacó Donna Meyer, Directora de Defensa de Accionistas, Mercy Investment Services, miembro de ICCR.

El informe destaca que la mayoría (52%) de las propuestas de los accionistas llevaron a acuerdos con las empresas, es decir, doce compañías acordaron realizar evaluaciones de riesgo de prácticas comerciales relacionadas con opioides.

Asimismo, dos de estas empresas (Cardinal Health y Assertio) establecieron comités especiales a nivel de junta sobre opioides; diez empresas acordaron adoptar políticas de recuperación de mala conducta para recuperar el pago ejecutivo, incluida la divulgación pública del uso de la recuperación; tres compañías acordaron separar sus puestos de presidente y CEO (McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen), y; dos compañías acordaron divulgar cuando ajustaron las métricas para excluir los costos legales al calcular sus premios de pago ejecutivo.

En las últimas dos décadas, más de 400.000 personas han muerto en Estados Unidos por sobredosis de analgésicos, heroína y fentanilo ilegal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU, por sus siglas en inglés). En Oklahoma, 4.653 ciudadanos fallecieron producto de una sobredosis de analgésicos entre 2007 y 2017. En los documentos judiciales de este caso, el Estado informó de que el número de recetas de opioides dispensados por las farmacias llegó a 479 cada hora en 2017.