Autoras: Juanita López Peláez (Directora Cambio Climático y Sostenibilidad KPMG en América del Sur), y María Julia Arana (ESG Senior Manager, Sustainability, Climate Change, Governance, Business & Human Rights KPMG in Chile).

1. Incumplimiento de la meta de los $100 mil millones de dólares:

El compromiso de los países desarrollados de generar 100 mil millones de dólares anuales para la mitigación climática, que implica la reducción de emisiones de CO2, aún no se cumple y es la gran deuda de las discusiones sobre implementación de las COP. Las necesidades de financiamiento no descienden de los 500 mil millones de dólares para el periodo 2020-2024, según el reporte de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático (CMNUCC) presentado en la COP27. Y el desafío se complejiza a partir de 2025, cuando se abre la discusión sobre la una nueva meta de financiamiento.

La discusión sobre financiamiento climático también tiene que ver con la distribución y el acceso al financiamiento. Las demandas en la COP27 giraban en torno a reformular los mecanismos financieros multilaterales para mejorar la accesibilidad y diversidad de los fondos, considerando el enfoque de transición justa y las demandas de justicia climática y de igualdad de género para alcanzar una distribución de financiamiento adecuada.

2. Financiamiento relegado para adaptación:

Otro desafío en la discusión sobre financiamiento es la inadecuada cantidad de fondos que van para la adaptación, un asunto que pasó casi inadvertido en la COP27. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la financiación para la adaptación representa aproximadamente un tercio de la financiación climática total. Si bien los fondos han aumentado en los últimos años, el volumen sigue siendo insuficiente y Naciones Unidas ha instado a mejorar los esfuerzos para lograr que represente al menos la mitad de toda la financiación climática.

La adaptación es una preocupación clave para los países en desarrollo ya que necesitan recibir estos fondos para respaldar las medidas de adaptación climática en infraestructura, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, y la gestión del riesgo de desastres ya que esta última representa las tres cuartas partes de las necesidades de financiación de estos países hasta el momento. Según el Informe sobre la Brecha de Adaptación del PNUMA, las necesidades de adaptación para  de los países en desarrollo ascienden a 280-500 mil millones de dólares por año para 2050. 

3. El nuevo desafío de financiamiento para Pérdidas y Daños:

La COP27 es un hito para la discusión sobre financiamiento climático por la inclusión en la agenda, y luego en el texto final de la conferencia, una mención a la creación de un Fondo para “Pérdidas y Daños”. Esto significa movilizar financiamiento para los países en desarrollo que necesiten responder a las consecuencias negativas y efectos que el cambio climático hoy ya está generando en sus sociedades y economías. Como primer paso, se formalizó un Comité de Transición que deberá reunirse antes de finales de marzo de 2023 para llegar a la COP28, que se realizará en Dubai, con definiciones claras sobre los alcances de este fondo.

Por otra parte, el Grupo V20, en referencia a una coalición de 20 de Ministros de Finanzas de países vulnerables,  y el G7 presentaron la iniciativa “Global Shield against Climate Risks”, para movilizar fondos para la respuesta a desastres climáticos, con un aporte inicial de Alemania de  aproximadamente $180 millones de dólares. 

4. América Latina y sus propias necesidades de financiamiento:

La discusión sobre financiamiento es también sobre distribución y al pensar en América Latina los desafíos no son menores. Nuestra región es la tercera beneficiaria de los fondos climáticos (17%), siendo Asia la primera con 42% de los fondos, seguida por África con 26%, según datos del Informe de GFLAC (2022). El asunto se complejiza si consideramos que el 48,6% del financiamiento se materializa en la forma de préstamos o créditos. El pedido de los países de la región en la COP27 se concentró en la necesidad de reformar las estructuras de financiamiento. En particular, una coalición de países latinoamericanos, entre ellos Chile y Colombia, propuso que las instituciones financieras internacionales y los países desarrollados faciliten la reestructuración de las deudas, incluyendo esquemas de canje de deuda por acción climática, como una forma de movilizar más financiamiento climático.

Por otro lado, el rol de los bancos privados y la Banca Multilateral se volvió el centro de la discusión regional sobre financiamiento en la COP27 , en particular por el retraso de la banca latinoamericana en reducir el financiamiento de los combustibles fósiles. El estudio de GFLAC destacó que los bancos públicos y privados de América Latina destinaron $206 mil millones de dólares a estos combustibles, frente a los $ 65 mil millones para energía limpia. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su iniciativa BID Invest, concentran el 60% del financiamiento climático entregado a América Latina por parte de los bancos multilaterales de desarrollo, destinando más de $26 mil  millones de dólares entre 2016 y 202. Sin embargo, de ese total solo $8 millones se han destinado a la adaptación y la resiliencia climática, otro desafío que se destacó en las discusiones de la COP27.