Asimismo, es el primer tratado regional en reconocer los derechos de quienes defienden el ambiente y en contemplar su protección. El artículo 9 del Acuerdo establece directrices para la protección de defensores ambientales y permite que reciban protección a nivel internacional.

Actualmente, estas personas o grupos se ven afectados por múltiples violencias por parte del Estado o del sector privado. En Latinoamérica se concentró el 80 % de los asesinatos en 2024 (257) y reportó un incremento del 9% en el número de casos según el informe Front Line Defenders.

En este contexto, el sector privado tiene un rol clave en la implementación de los derechos de acceso, el respeto de los derechos humanos y en la protección de los defensores y las defensoras ambientales.

Principios Rectores y el Acuerdo de Escazú

El informe “El Acuerdo de Escazú y su vínculo con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”, elaborado por CERALC y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalla que ambos lineamientos se complementan y refuerzan mutuamente. “Interpretados en conjunto ofrecen oportunidades para avanzar hacia una gestión ambiental más sostenible y respetuosa de los derechos humanos en la región”, destaca el informe.

La conexión de los principios rectores y el acuerdo de Escazú está presente en varios pilares, como el 1 que reconoce entre las medidas que deben tomar los Estados para proteger los derechos humanos, el alentar o exigir que las empresas divulguen información sobre cómo gestionan los impactos a los derechos humanos. “Es a través de las obligaciones estatales del Pilar I que los Estados deben fortalecer sus políticas para que en ellas puedan asegurar los derechos “procedimentales” de Escazú mediante los cuales se van a garantizar otros derechos humanos vinculados al tema ambiental”.

Además de respetar la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principales instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, los Principios Rectores señalan que las empresas pueden tomar en cuenta otras normas internacionales de derechos humanos. “El Acuerdo de Escazú, por su parte, establece la protección de los derechos de acceso, es decir, es un instrumento internacional de “procedimiento” que permite acceder a información, participar y acceder a la justicia en temas ambientales”, indica desde el informe.

Los Principios Rectores establecen la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos y el Acuerdo de Escazú especifica que los estados, dentro de su rol de garante, deben respetar los derechos de acceso en temas ambientales, los cuales incluyen a las empresas quienes tienen el deber de brindar información en materia ambiental como informes de sostenibilidad y a nivel judicial. Éste es un aspecto importante para que las empresas ejerzan sus actividades de manera preventiva y puedan contribuir a una reparación efectiva en caso de violaciones a derechos humanos.

Empresas y defensores del ambiente

“El Acuerdo de Escazú busca elevar la vara en la región, una vara que en muchos aspectos se encuentra baja en términos de acceso a la información, de transparencia, de rendición de cuentas y de cuestiones vinculadas con la corrupción, sobre todo en países de Centroamérica y algunos de Sudamérica”, expresa Mijael Kaufman Falchuk, uno de los seis Representantes Electos del Público por el Acuerdo de Escazú en diálogo con ComunicarSe.

“Muchas veces las responsabilidades en los conflictos socioambientales aparecen, entre otros, en el sector privado con connivencia de los Estados. En este sentido, el Acuerdo de Escazú es una gran herramienta para mejorar estos aspectos en la región”, añade Kaufman Falchuk.

Con respecto a los sectores más críticos para los defensores del medio ambiente se encuentran la minería, deforestación y explotación de hidrocarburos, especialmente en los países amazónicos y centroamericanos. “Argentina es una excepción dentro de la región, ya que en situación es distinta, pero en los países de la Amazonía, como parte de Brasil, Ecuador y Colombia, los riesgos son mayores”. Además señala que uno de los puntos clave que agravan la situación es el desconocimiento del Acuerdo de Escazú.

En esta línea, consultado sobre el acceso al Acuerdo y el vínculo con la comunidad, Kaufman plantea que, por un lado, las empresas deben acercarse a la sociedad, pero con genuina y verdadera vocación de tender diálogos y puentes. “Hay una desigualdad entre una comunidad local y la empresa que quiere desarrollar cierta actividad o proyecto, hay una desigualdad en términos de posibilidades y capacidades”. Desde ese lugar las empresas tienen que poder propiciar con el Estado mediante (local o nacional) procesos de participación y de escucha genuina. "No es solo cumplir con un checklist", puntualiza el Representante. Por otro lado, resalta que distintas empresas e instituciones del sector privado han participado en las cumbres y en instancias oficiales para involucrarse en la conversación o escuchar lo que está sucediendo.

Respecto a los mecanismos existentes para proteger los Derechos Humanos y a los defensores del ambiente desde el ámbito empresarial, menciona los procesos de Debida Diligencia, pero advierte que están en retracción, sobre todo en Europa, por el contexto geopolítico. “No es el momento ideal para estos temas ni para aspirar a que haya más ambición. Estamos en un momento bastante regresivo, no solamente en Argentina y en la región, sino que en el mundo.” alerta Kaufman Falchuk.

Cómo puede impactar el Acuerdo de Escazú

Según Business Human Rights Resource Centre “La alineación de las leyes nacionales y las políticas públicas al cumplimiento del Acuerdo tendrían un impacto en el sector privado y abriría nuevos canales de diálogo entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil para afrontar retos en común”.

Para el sector privado la implementación de este Acuerdo puede:

• Favorecer el crecimiento de la inversión del sector privado debido a que garantiza la claridad, fortaleza y coherencia en las leyes, políticas, normas y regulaciones de los Estados de la región.
• Promover la armonización de salvaguardas y estándares sociales y ambientales en la región, lo que facilitaría el financiamiento e implementación de proyectos de desarrollo.

Hasta la fecha 18 países de América Latina y el Caribe han ratificado el Acuerdo. Según ONU Derechos Humanos, uno de los mayores desafíos para la implementación es lograr que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones concretas que respondan a los contextos y necesidades locales.