El anteproyecto de ley valenciana de fomento de responsabilidad social impulsará la sustentabilidad en la contratación pública primando criterios sociales, éticos y ambientales en las licitaciones y adjudicaciones, que recogerán penalizaciones para los incumplimientos.

Estas cláusulas ya han comenzado a aplicarse en la Comunitat Valenciana, pero con la nueva ley se clarificará y concretará el concepto de responsabilidad social, se regulará el compromiso de las administraciones públicas y el sector público valenciano para integrarlo en sus políticas y se creará un Consell Valencià con la participación de empresas, sindicatos y trabajadores.

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha presentado el anteproyecto tras la reunión semanal del Consell, un texto que cuenta con el apoyo de todos los sectores sociales, con los que se ha trabajado para situar la responsabilidad social en "el centro de las políticas públicas".

La valenciana será la segunda comunidad, junto a Extremadura, que contará con una ley de estas características, ya que no existe legislación estatal aunque sí alusiones dispersas.

En el ámbito privado, se creará el distintivo "Entidad Valenciana Socialmente Responsable" para aquellas empresas, autónomos e instituciones que acrediten prácticas de responsabilidad social, que valdrán como criterio de desempate en las adjudicaciones y servirán para ponderar en las subvenciones.

Además, si así se considera en la normativa autonómica, podrán obtener beneficios fiscales.

El conseller ha afirmado que en la actualidad prima el criterio económico en las adjudicaciones, algo en lo que está "en desacuerdo" porque se pueden producir "situaciones disparatadas".

El anteproyecto de ley de fomento de la responsabilidad social trata de dar un impulso a la contratación responsable desde las oportunidades de empleo, el trabajo digno, el cumplimiento con los derechos sociales y laborales, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad para todas las personas, la consideración de los criterios de sostenibilidad o la inclusión de cuestiones relacionadas con el comercio justo.

El licitador o contratista tendrá que presentar una declaración responsable por la cual no podrá realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas.

La Conselleria de Transparencia pondrá en marcha una "Red de Municipios Socialmente Responsables", de la que formarán parte aquellos municipios que estén llevando a cabo políticas de responsabilidad social.

Por otra parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha informado de que se han destinado 560.000 euros a las reparaciones de los daños causados por las lluvias torrenciales del 13 de marzo en el Hospital de Sant Joan y cinco centros de salud dependientes de este departamento, que sufrieron desperfectos.

El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y la Fundación Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) para la realización de actividades de I+D+i de fomento de la calidad y la sostenibilidad en la edificación, rehabilitación y el espacio urbano, por un importe de 500.000 euros.

Además, ha aprobado seis convenios de colaboración, por un importe de 409.000 euros, con las organizaciones agrarias más representativas para el apoyo a la implantación de la Política Agrícola Común (PAC) y la reforma de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM).

El Consell ha autorizado los convenios para la realización de las actividades del Programa "Campus del Emprendedor Innovador" 2017, por un importe total de hasta 380.000 euros.

Se ha autorizado un convenio entre la Conselleria de Economía y la Universitat de València para contribuir a la creación y funcionamiento de la Cátedra de Economía de Economía Feminista durante 2017, por el que la Generalitat destinará un máximo de 30.000 euros.

Ha aprobado el decreto por el que se crea y regula el Registro de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales de la Comunitat Valenciana y otro por el que se establece un régimen común para las autorizaciones administrativas para el desarrollo del buceo autónomo de recreo en las reservas marinas de interés pesquero, para homogeneizar los requisitos.

Fuente: EFE