Según la encuesta sobre Situación Ambiental en la Argentina realizada por Poliarquía para la Fundación Vida Silvestre Argentina a fines del año pasado, el principal problema medioambiental identificado en nuestro país tiene que ver con la contaminación y en el 46% de los casos la población identificó como responsables de esta situación al gobierno provincial, en el 26 % al nacional y en un 10% a empresas.

Tradicionalmente las preocupaciones de los argentinos en materia social se asocian al empleo y la inseguridad pero este año, por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, encontramos como segunda preocupación el tema ambiental. Sin duda el conflicto con Uruguay por las pasteras tiene mucho que ver con esto así como con el anuncio del Presidente sobre que la conservación del medio ambiente se convertirá en política de Estado y que se jerarquizará la autoridad ambiental nacional.

En la consultora Unidad Com Empresa & Comunidad, trabajamos para que las empresas logren una sinergia entre las dimensiones interna y externa de la RSE. Según la encuesta sobre Responsabilidad Social Empresaria realizada en el año 2005 por el Foro del Sector Social y la Universidad de San Andrés, el 57% de las empresas consultadas manifiesta tener un conocimiento "muy alto" del impacto ambiental que generan sus operaciones y el 46% han certificando sus prácticas de gestión ambiental por estándares medioambientales reconocidos, tales como el ISO 14001 o similar. "En nuestro trabajo creemos que se pueden potenciar el conocimiento de la empresa y la mejora en el desempeño ambiental trabajando de manera conjunta con instancias de gobierno local y del tercer sector" nos adelanta Mariale Alvarez, coordinadora del área de Medio Ambiente de la consultora "Para ello estructuramos los programas y proyectos basándolos en un Modelo de Gestión por Responsabilidad Compartida, donde cada actor –empresa/estado/ONG- asume una cuotaparte de responsabilidad".

Ejemplos de ello son los programas de recolección diferenciada de residuos "San Isidro Recicla" y "Santa Fe Recicla", donde empresas como Tetrapak, Coca-Cola, Disco, CLIBA, TBA y otras trabajan de manera asociada con los municipios y la Fundación Habitat & Desarrollo para que estas pruebas piloto, que se implementan en las ciudades de San Isidro (Norte GBA) y Santa Fe, contribuyan a la búsqueda de soluciones a la problemática derivada de la gestión de residuos sólidos urbanos.

Tanto a nivel del desarrollo de Políticas Públicas Ambientales como en la implementación de Políticas Corporativas Ambientales suele ocurrir que se cuenta con una gran cantidad de información teórica, relativa cantidad de datos prácticos de experiencias internacionales (generalmente de países desarrollados) y escasa o nula información local. Esto lleva muchas veces a intentar extrapolar a la realidad local, estrategias y planes desarrollados para contextos totalmente distintos. A la hora de volcar esos planes a acciones concretas, se confronta con limitaciones operativas, idiosincrasias particulares y otras circunstancias locales que dificultan la implementación. Esto es particularmente notorio en los programas relacionados con gestión de residuos y el reciclado, donde poco tienen en común la situación existente en lugares como la Comunidad Europea o USA (de donde provienen la mayoría de los ejemplos operativos y marcos normativos) con la realidad de Argentina hoy. En este contexto, estas experiencias prácticas locales se vuelven doblemente valiosas, ya que aportan datos reales y sientan precedente de asociaciones voluntarias estado/empresa/ONG eficientes.

Otros proyectos vinculados con la provisión de agua a barrios de bajos recursos que no tienen acceso a fuentes de agua segura, también están diseñados basados en el modelo de Responsabilidad Compartida. En este caso, la gestión asociada reúne al Gobierno Municipal, las Cooperativas proveedores de agua, a organizaciones no gubernamentales locales y a empresas -como es el ejemplo del Barrio El Algarrobal en la provincia de Mendoza.

El modelo de Gestión por Responsabilidad Compartida requiere de una identificación rigurosa de los actores involucrados en la problemática a atacar y la ponderación del grado de influencia de cada uno (impacto relativo y poder de cambio). A partir de ello, se trabaja en conjunto con todos estos actores con el fin de asignar las responsabilidades operativas en la puesta en marcha del programa/proyecto. Requiere altos esfuerzos de coordinación ya que es imprescindible asegurar que cada parte asumirá su responsabilidad y cumplirá su rol. El modelo se complementa con un riguroso monitoreo de desempeño y medición de resultados, que permiten no sólo ajustar sobre la marcha sino también retroalimentar la planificación futura para el mismo u otro proyecto.

Este esfuerzo en planificación y administración se ve plenamente compensado con los beneficios que cada parte obtiene: se fortalecen y profesionalizan las ONG al someterse a sistemas de evaluación y seguimientos propios de las rutinas empresarias, el estado (principalmente municipios) logra financiamiento externo y recopila información valiosa para la definición de políticas públicas futuras y las empresas hacen mas eficiente su inversión en términos de envergadura, repercusión e influencia de sus proyectos.