«Resulta decepcionante señalar que en la lucha contra la corrupción en la Unión Europea los resultados concretos siguen siendo insatisfactorios. ¿Cuántas veces hemos dicho que ya había llegado la hora de actuar? Los europeos esperan que los gobiernos nacionales adopten medidas determinantes. Ya es hora de que así lo hagan», dijo Cecilia Malmström, Comisaria de Asuntos de Interior.

La corrupción sigue siendo uno de los mayores retos a los que se enfrenta Europa. Si bien la naturaleza y el alcance de la corrupción varían entre un Estado miembro y otro de la UE, el conjunto de la UE sale perjudicado, por la reducción de los niveles de inversión, por la obstaculización que supone para el funcionamiento correcto del mercado interior y por su impacto negativo sobre las finanzas públicas. Se calcula que el coste económico que supone la corrupción en la UE se eleva a unos 120 000 millones de euros por año.

«La corrupción es una enfermedad que destruye un país desde dentro, minando la confianza en las instituciones democráticas, debilitando la responsabilidad de los líderes políticos y sirviendo a los intereses de los grupos de la delincuencia organizada. La corrupción solo puede ser combatida con éxito mediante la voluntad y el compromiso de los líderes y los responsables de la toma de decisiones a todos los niveles», dijo Cecilia Malmström.

En junio del año pasado, la Comisión Europea adoptó un paquete de medidas contra la corrupción que insta a prestar una mayor atención a la corrupción en todas las políticas de la UE pertinentes. También se ha establecido un mecanismo de control y evaluación específico de la UE, un informe de lucha contra la corrupción en la UE que aportará una idea clara del panorama actual de los esfuerzos en la lucha contra la corrupción en los 27 Estados miembros de la UE. El primer informe está previsto para 2013.

En breve, la Comisión propondrá nuevas medidas legislativas, en particular sobre la confiscación de los activos de los delincuentes, la reforma de las normas de contratación pública, estadísticas más avanzadas sobre delincuencia y para una política mejorada de lucha contra el fraude a nivel europeo.

Antecedentes

La encuesta Eurobarómetro se llevó a cabo en los veintisiete Estados miembros de la UE, en septiembre de 2011. Estos son los resultados clave:

•La mayoría (74 %) de los europeos cree que la corrupción es un problema fundamental en su país. Casi la mitad de los europeos (47 %) cree que el nivel de corrupción en su país ha aumentado durante los tres últimos años.

•La mayoría de los europeos considera que existe corrupción en las instituciones locales (76 %), regionales (75 %) y nacionales (79 %).

•Los europeos estiman que existen corrupción y abuso de poder en todos los ámbitos de la administración pública. Los políticos nacionales (57 %) y los funcionarios responsables de la adjudicación de contratos públicos (47 %) son las personas que más probabilidad tienen de ser consideradas como implicadas en tales actividades.

•El 40 % de los europeos considera que una relación demasiado estrecha entre las empresas y la política contribuye a la corrupción. La falta de intervención de los responsables políticos (36 %) y la falta de transparencia en la manera en que se gasta el dinero público (33 %) son los factores que la provocan. La mayoría (68 %) considera que la transparencia y la supervisión de la financiación de los partidos políticos no son suficientes.

•La mayoría de los europeos (70 %) cree que la corrupción es inevitable y que siempre ha existido. Dos de cada tres europeos (67 %) cree que la corrupción forma parte de la cultura empresarial de su país.

•La mayoría de los europeos (67 %) no considera que su vida cotidiana personal se vea afectada por la corrupción. Sólo una minoría (29 %) afirma estar afectada personalmente. A una proporción aún más escasa (8 %) se le ha pedido o se ha esperado que paguen un soborno durante el año pasado.

•Para que les ayuden en caso de corrupción, lo más probable es que los europeos confíen en la policía (42 %) y en el sistema judicial (41 %) y lo menos probable es que confíen en los representantes políticos (6 %).