El nuevo proyecto, destinado a reformar la ley vigente desde 1997, no establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre actividades a realizar en las tierras que ocupan, una garantía ratificada por Guatemala al adoptar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni impone controles claros para proteger el ambiente y el uso del agua, según Valle.

Además, otorga beneficios fiscales a las empresas mineras y establece que el Estado recibiría solo entre uno y siete por ciento en concepto de regalías, cuando estas no deberían ser menores a 10 por ciento del valor de los recursos extraídos, según sectores sociales y ambientalistas.

Esta situación ha generado múltiples movilizaciones y protestas. Las últimas fueron el jueves 15, cuando miles de personas bloquearon la carretera al Atlántico y la carretera Interamericana, que conduce a la frontera con México. Otros miles protestaron por la instalación de una cementera en el municipio de San Juan Sacatepéquez, cercano a la capital.

Para Valle es de suma importancia que se revise el proyecto, pues la minería en Guatemala "es un problema muy triste porque el país tiene todas las desventajas para manejar esa industria".

"No hay capacidad para monitorear la minería, no se cuenta con una ley de aguas, las municipalidades no tienen personal ni recursos para atender planes de ordenamiento territorial y menos una oficina de gestión ambiental", dijo Valle.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha otorgado 170 licencias, tres de ellas en proceso de explotación, tres de reconocimiento y el resto de exploración, según la Escuela de Pensamiento Ecologista Savia.

De acuerdo con el MEM, en 2007 la producción de minerales ascendió a 223 millones de dólares, 67 por ciento más que en 2006, lo que demuestra el rápido crecimiento del sector.

A pesar de la cantidad de recursos económicos generados por las mineras, el desarrollo para las comunidades circunvecinas a los yacimientos, no se ve. Al contrario, lo que les llega es la contaminación de las fuentes de agua y otros daños al ambiente, según Uriel Miranda, asesor legal de la Comisión Pastoral Paz y Ecología (Copae).

"Creemos que este proyecto de ley es complaciente con el capital internacional, lo único que pretende es aprovecharse de nuestros recursos naturales para generar más riqueza", dijo Miranda.

En su opinión, es primordial que en el nuevo proyecto se establezca el derecho de consulta comunitario. "Para que nuestro país sea más democrático, las riquezas deben estar supeditadas a los intereses colectivos y no a los de unos cuantos", señaló.

La sede de la Copae está en el noroccidental departamento de San Marcos, el mismo lugar donde funciona el Proyecto Marlin, de la empresa minera Montana Exploradora, de capitales canadienses, cuya operación ha generado múltiples protestas.

Esta mina a cielo abierto de oro y plata en los municipios de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán, generó rechazo pues en 2005, en una consulta comunitaria, 11 de las 13 aldeas votaron en contra del proyecto. Pero, dos años después, la Corte de Constitucionalidad resolvió que ese pronunciamiento no tenía carácter vinculante.

Hasta la fecha se han realizado 36 consultas comunitarias en otros tantos municipios de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Zacapa y Sacatepéquez. Más de 500.000 mujeres y hombres han expresado su rechazo a la explotación minera, según la Coordinación de Acompañamiento Internacional de Guatemala (Acoguate).

Además, crece la preocupación por el daño ambiental provocado por la minería a cielo abierto. De acuerdo con Julio González, dirigente de la agrupación Madreselva, el daño puede ser irreversible.

"Toda la minería provoca una alta contaminación de las aguas porque se ubica cerca de ríos. Las poblaciones que se abastecen de ellas salen afectadas por los químicos que se utilizan, entre ellos cianuro. El daño que dejará será por cientos de años y eso no tiene precio", dijo González a IPS.

La Mesa de Diálogo sobre Minería, integrada por Madreselva, Copae, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social, Fundaeco y Ceiba, entre otras organizaciones, solicitó una firme regulación sobre el uso del agua y preservación del ambiente.

Las empresas podrán utilizar el agua pagando por su uso, sin afectar su calidad ni el acceso a ella de las comunidades, propuso. Además, las mineras deben ser obligadas a descargar sus líquidos residuales libres de contaminación, agregó.

También se piden controles más estrictos para el transporte y manejo de sustancias tóxicas, estudios de impacto ambiental y obligatoriedad de monitoreos periódicos.

La Mesa también sugirió una auditoría de todo lo que se extrae del subsuelo para garantizar la transparencia y accesibilidad de la información, entre otros puntos.

Varios de estos aspectos fueron propuestos en junio por la diputada opositora Rosa María de Frade, integrante de la Comisión de Energía y Minas.

La congresista dijo a IPS que continuará cabildeando, aunque señaló la falta de interés del Legislativo. "Ha faltado voluntad política del Congreso para lograr una discusión amplia, seria y profunda sobre la minería", indicó.

El MEM tiene órdenes de no emitir concesiones mineras desde el 14 de enero de 2008, mientras no exista consenso sobre las reformas al régimen minero, recordó el martes el mandatario Álvaro Colom.

Douglas González, presidente de la empresarial Gremial de Minas y Canteras, dijo que "es muy corto el tiempo desde que entró en vigor la ley vigente como para hacerle modificaciones; deberían darle más tiempo y permitir que se haga una medición del desarrollo", indicó.

Agrupaciones de la sociedad civil organizarán una conferencia internacional sobre minería entre el 3 y el 5 de agosto. El Poder Legislativo tendrá la última palabra, el nuevo período de sesiones se iniciará el 1 de ese mes.