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Poca integración de la diversidad

27.07.2011 | Europa

Sólo el  36 por ciento de las empresas españolas tiene contratada a alguna persona con discapacidad, según revela el estudio 'Discapacitados y empresas: Un análisis de la productividad',  elaborado por el Instituto de Acción Social Mapfre y la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, en colaboración con el grupo Indehold. Actualmente 100.000 personas con discapacidad trabajan en España.

 

Aunque el 65% de las 550 empresas encuestadas, conoce la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), el informe indica que algo menos de la mitad implica directamente en plantilla a algún representante de este colectivo.
No obstante, el porcentaje varía en función de si el contratante es una empresa privada o pública. Así, en las compañías privadas con más de 50 empleados, el 38 por ciento cumple con la cuota legal del 2 por ciento de representación de la discapacidad en las plantillas. En el sector público, en cambio, las cifras descienden hasta el 25 por ciento, según afirmó hoy durante la presentación del estudio el autor del informe catedrático de Psicología Social de la Universidad gaditana, Carlos Guillén.
El experto destacó el coste de beneficio "altísimo" que la contratación de discapacitados puede reportar a las empresas, puesto que "estas personas pueden generar modelos de aprendizaje para otros empleados discapacitados que se incorporen a las compañía".
Por su parte, el director general de Instituto de Acción Social de Fundación Mapfre, Fernando Garrido, añadió que la finalidad del informe es poner de manifiesto que la contratación de discapacitados "no sólo proporciona beneficios sociales a la empresas, sino también beneficios económicos".
En esta línea, el análisis muestra el ahorro que supone la implicación de un discapacitado en los tres sectores más relevantes de la economía. "En industria se ahorra un mínimo de 33.000 euros; en la construcción, 28.500; y en servicios, 28.000 por cada uno de los discapacitados atendiendo a las ventajas fiscales, beneficios y subvenciones que tienen las organizaciones que implican a estas personas en sus puestos de trabajo", explicó Guillén.
Actualmente 100.000 personas con discapacidad trabajan en España, una cifra "pequeña" tal y como valoró el catedrático puesto que quedarían por contratar otros 1.810.700 discapacitados y las tasas de paro son "alarmantes" en este colectivo.
Para fomentar que las personas con discapacidad demanden empleo tanto Guillén como Garrido apuntaron a la labor de las familias y de las instituciones públicas. Según los expertos, el entorno familiar debería abrir, con la ayuda de formación, la sobreprotección que puede aplicar sobre sus miembros discapacitados, mientras que las instituciones deberían impulsar servicios que favorezcan el acceso de este colectivo a las ofertas de empleo.
(Europa Press)

Aunque el 65% de las 550 empresas encuestadas, conoce la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), el informe indica que algo menos de la mitad implica directamente en plantilla a algún representante de este colectivo.
No obstante, el porcentaje varía en función de si el contratante es una empresa privada o pública. Así, en las compañías privadas con más de 50 empleados, el 38 por ciento cumple con la cuota legal del 2 por ciento de representación de la discapacidad en las plantillas. En el sector público, en cambio, las cifras descienden hasta el 25 por ciento, según afirmó hoy durante la presentación del estudio el autor del informe catedrático de Psicología Social de la Universidad gaditana, Carlos Guillén.

El experto destacó el coste de beneficio "altísimo" que la contratación de discapacitados puede reportar a las empresas, puesto que "estas personas pueden generar modelos de aprendizaje para otros empleados discapacitados que se incorporen a las compañía".
Por su parte, el director general de Instituto de Acción Social de Fundación Mapfre, Fernando Garrido, añadió que la finalidad del informe es poner de manifiesto que la contratación de discapacitados "no sólo proporciona beneficios sociales a la empresas, sino también beneficios económicos".
En esta línea, el análisis muestra el ahorro que supone la implicación de un discapacitado en los tres sectores más relevantes de la economía. "En industria se ahorra un mínimo de 33.000 euros; en la construcción, 28.500; y en servicios, 28.000 por cada uno de los discapacitados atendiendo a las ventajas fiscales, beneficios y subvenciones que tienen las organizaciones que implican a estas personas en sus puestos de trabajo", explicó Guillén.

Actualmente 100.000 personas con discapacidad trabajan en España, una cifra "pequeña" tal y como valoró el catedrático puesto que quedarían por contratar otros 1.810.700 discapacitados y las tasas de paro son "alarmantes" en este colectivo.
Para fomentar que las personas con discapacidad demanden empleo tanto Guillén como Garrido apuntaron a la labor de las familias y de las instituciones públicas. Según los expertos, el entorno familiar debería abrir, con la ayuda de formación, la sobreprotección que puede aplicar sobre sus miembros discapacitados, mientras que las instituciones deberían impulsar servicios que favorezcan el acceso de este colectivo a las ofertas de empleo.
(Europa Press)