Organizaciones nucleadas en el Foro Ciudadano por la Responsabilidad Social de las Empresas como Amigos de la Tierra Francia, Amnesty, Greenpeace, Oxfam France, Alternatives Economiques, France Nature Environnement y la central sindical CGT, entre otros emitieron un duro comunicado en el que manifiestan su preocupación por las posibles reformas a la Ley que se le harán en su reglamentación fruto del lobby de la AFEP (Asociación Francesa de Empresas Privadas)

Los dos principales cambios que, en la visión de ONG y Sindicatos, “debilitarían” la norma son los que limitan la auditoría social de la información brindada por las empresas en los informes anuales de responsabilidad social empresaria y el que quiere llevar la obligatoriedad de presentar dichos informes al umbral de empresas de más de 5 mil empleados. El proyecto original fija ese límite en 500 empleados y una facturación de más de 43 millones de euros.

Señalan como antecedente una enmienda en la nueva Ley de regulación bancaria y financiera realizada en octubre que dispuso la eliminación de la posibilidad de que un representante de los órganos de la sociedad civil (vecinos, consumidores, ONG) pueda añadir sus opiniones en los reportes anuales. "Esto evita que la sociedad civil pueda evaluar el cumplimiento de las empresas, aún cuando los ataques a los derechos sociales, el medio ambiente y los derechos humanos no se detienen", dicen los firmantes.

El diputado Bertrand Pancher se hizo eco de la demanda y en un comunicado de prensa apoyó esta postura y le pidió al Ejecutivo que acelere los decretos reglamentarios de los artículos que no presenten dificultades técnicas, para que la norma se apruebe en 2011.

Otro de los puntos de la Ley Granelle 2 que se vincula con RSE es el que dispone la obligación de brindar información sobre la huella de carbono en las etiquetas de productos agrícolas manufacturados en Francia o importados.