La queja se centra en cuatro países (Brasil, Colombia, Perú y Paraguay) y cita numerosos ejemplos de discriminación de afiliados a sindicatos. La queja describe cómo los miembros de sindicatos han sido discriminados sistemáticamente en materia de salarios y se les ha privado de contratos permanentes. La queja contiene pruebas de convenios colectivos falsos, acoso y represalias contra dirigentes sindicales y despido de trabajadores que formaron sindicatos y participaron en huelgas legales. 

En concreto, la queja alega que:

En Brasil, Prosegur acosó y despidió a dirigentes sindicales, se negó a cumplir resoluciones laborales en su contra, violó las leyes relativas a las huelgas en lo que concierne a la contratación de personal de sustitución y despidió a trabajadores por ejercer su derecho legal de huelga.

En Colombia, Prosegur socavó la negociación colectiva mediante la violación repetida de disposiciones contenidas en convenios colectivos e introdujo sanciones e incentivos económicos ilegales para minar al sindicato. La empresa también violó los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva, acosó e intimidó a dirigentes sindicales y retrasó e ignoró reiteradamente decisiones judiciales que defendían los derechos de los trabajadores.

En Perú, Prosegur firmó un convenio falso para excluir al sindicato y socavar la negociación colectiva y violó repetidamente la legislación nacional con el uso de contratos temporales como herramienta para impedir la sindicación y las medidas de conflicto colectivo. La empresa despidió a trabajadores por ejercer su derecho legal a formar un sindicato, discriminó a miembros del sindicato al conceder aumentos salariales, violó las leyes relativas a las huelgas en lo que concierne a la contratación de personal de sustitución y despidió a trabajadores por ejercer su derecho legal de ir a la huelga.

En Paraguay, Prosegur firmó un convenio colectivo con un sindicato falso, despidió a activistas sindicales cuando se registró el sindicato y socavó la negociación colectiva rechazando negociar de buena fe. La empresa violó las leyes relativas a la huelga en lo que concierne al personal de sustitución, negó a los inspectores de trabajo acceso a las instalaciones de la empresa para investigar violaciones de la ley y despidió a huelguistas y forzó a otros cientos de huelguistas a dimitir.

Las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales s exigen que los gobiernos, que han suscrito las Directrice, establecer un Punto Nacional de Contacto (PNC) para promover y aplicar las Directrices. Los casos que alegan violaciones de las Directrices se deben presentar ante el PNC en el país donde la multinacional tiene su sede principal, en este caso España.

UNI también ha presentado una copia de esta denuncia ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) en Brasil, Colombia y Perú, los países que han suscrito las Directrices y están citados en la denuncia. El gobierno paraguayo no ha firmado las Directrices de la OCDE y, por lo tanto, no tiene un PNC.

UNI Global Union ha pedido al Punto Nacional de Contacto (PNC) español en la OCDE que investigue y resuelva estas violaciones a través de la mediación. Si estos esfuerzos fracasaran, UNI solicitará al PNC que emita una declaración final en la que confirme si las Directrices de la OCDE han sido respetadas o no.