Durante la sesión de discusión en el Pleno de la Asamblea extremeña en setiembre de 2010, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Vargas, consideró que tal y como estaba redactado el Proyecto de Ley, se podría perjudicar la competitividad de las empresas extremeñas frente a otras de fuera. Por eso, abogó por incorporar al texto aspectos que eviten la competencia desleal.

La posición del PP acompañaba la visión de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) quien durante la etapa de negociación de la norma consideró que no estaba pensada para las empresas extremeñas, que en su mayoría forman parte de un entramado PYME, con menos posibilidades de cumplir con todo el alcance de la ley que empresas de mayor porte.

Aún así, distintas voces de la Comunidad Autónoma coinciden en afirmar que la ley cuenta con el blindaje político que le otorga ser parte y consecuencia del denominado Pacto Social y Político que en su momento acordaron distintas fuerzas políticas, empresas y sindicatos de Extremadura. 

La Ley 15/2010 de Responsabilidad Social Empresarial,  entró en vigor a principios de año. La Consejería de Igualdad y Empleo ha iniciado el proceso para la creación del Consejo Autonómico de la Responsabilidad Social y el Registro de Empresas de RSE, y que tendrán que ser aprobada mediante decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, ahora de un nuevo signo político.