El Índice Global de los Derechos de la CSI clasifica 139 países con relación a 97 indicadores internacionalmente reconocidos, a fin de evaluar dónde están mejor protegidos, en la ley y en la práctica, los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

El año pasado, los Gobiernos de por lo menos 35 países detuvieron o encarcelaron a trabajadores como táctica para oponerse a sus reivindicaciones de derechos democráticos, salarios decentes, condiciones laborales menos peligrosas y empleos más seguros. En al menos 9 países se recurrió a prácticas de asesinato y desaparición para intimidar a los trabajadores y en al menos 53 países se ha despedido o suspendido a trabajadores por intentar negociar unas condiciones laborales mejores.

Por otro lado, el índice muestra que las leyes y prácticas de por lo menos 87 países excluyen a ciertos tipos de trabajadores del derecho a la huelga. Por ejemplo, el Código Laboral de Camboya no cubre a la mayoría de los funcionarios públicos e impone restricciones indebidas al derecho a elegir representantes sindicales; y en 2013, el Gobierno respondió con fuerza letal a los manifestantes que trataban de conseguir un salario decente y mejores condiciones laborales. Como resultado de esto, Camboya ha obtenido una puntuación de 5 en el Índice de los Derechos – la peor puntuación posible después de la de aquellos países donde el Estado de derecho se ha desintegrado completamente.

En Oriente Medio, Qatar ni siquiera permite todavía que los trabajadores migrantes tengan sindicatos; mientras que en América Latina, Guatemala, donde los derechos no están garantizados, ha resultado ser uno de los peores países para trabajar.

En estos tiempos en que las corporaciones tienen más poder que nunca, los resultados obtenidos demuestran que casi todos los países pueden mejorar el trato que dan a los trabajadores y trabajadoras. Únicamente Dinamarca ha obtenido una puntuación perfecta de 0 puntos por respetar los 97 indicadores relativos a los derechos fundamentales de los trabajadores.

La Encuesta Global 2014 de la CSI ha concluido que casi dos terceras partes de las personas quieren que los Gobiernos se esfuercen más para controlar el poder corporativo.