Conocido como el “oro blanco”, la demanda de la industria tecnológica creció exponencialmente en los últimos años. Según Goldman Sachs, la demanda global de litio aumentó un 26% en 2016 y se prevé que crezca un 39% en 2018. 

Las expectativas respecto de la explotación de este mineral son elevadísimas especialmente en un contexto de necesidad global de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia del uso de combustibles fósiles, en el marco del Acuerdo de París. 

La industria automotriz está impulsando la demanda al proponerse metas ambiciosas como por ejemplo el caso de Volvo Cars que anunció que para 2019 todos sus nuevos automóviles serán eléctricos, mientras que Toyota alcanzó en 2017 la marca de 10 millones de vehículos híbridos vendidos en el mundo. Por su parte, Tesla anunció que planifica producir 500.000 vehículos por año para el 2020 en una megafábrica que inaugurará este año en Nevada (EE.UU) y que para ello necesitaría comprar la totalidad de la producción mundial de litio.

Estas nuevas ambiciones de movilidad sostenibles están haciendo escalar el precio de este mineral, que hoy alcanza los $10.500 dólares la tonelada de carbonato de litio, por lo que trae un desafío por delante. Joe Lowry, de la consultora Global Lithium LLC, un analista estadounidense que se ha ganado el apodo de “Mister Litio”, indicó que para 2025 el sector automovilístico deberá invertir unos 6.000 millones de dólares en el suministro de litio para responder a la demanda de movilidad limpia.

Este panorama ofrece grandes perspectivas a América Latina, principal productor de litio. Los países que conforman el ‘triángulo del litio’ en el cono sur (Argentina, Bolivia y Chile) producen el 55% de la producción global (datos de 2008 antes de que Bolivia iniciara explotación).

Tres modelos latinoamericanos distintos para la producción de litio

Uno de los principales debates alrededor de este mineral es qué tipo de modelo de desarrollo elige cada país para posicionarse como líder en el mercado del “oro blanco”.
Los tres países del ‘triángulo del litio’ presentan posturas distintas:

Chile es el principal productor de carbonato de litio desde 1997, su producción alcanza las 40 mil toneladas métricas de carbonato de litio anuales, abasteciendo a un tercio del mercado internacional. Un decreto de la época de Pinochet limita la extracción de litio en Chile y las cantidades que se puede extraer. Es decir, en Chile no se pueden dar nuevas concesiones mineras, salvo en alianza con el Estado.

Comparativamente, Argentina es el país más fácil para operar, con las menores barreras de ingreso. Hoy hay más de 40 proyectos para la extracción de litio en Salta, Jujuy y Catamarca. Pero el gobierno nacional ha elegido un modelo sólo exportador de materia prima. En el caso de Bolivia, con la reserva más grande del continente, se ha decidido centralizar en el Estado la producción baterías de litio como valor agregado a la exportación del mineral. Según TheGuardian, Bolivia ha invertido al momento cerca de $ 250 millones en proyectos de extracción y se especula el interés de Tesla para la instalación de una planta.

El desafío ambiental del litio

En una entrevista con ComunicaRSE, Pía Marchegiani, directora del área de Política Ambiental en la organización FARN, mencionó que usualmente cuando se habla del litio se lo compara con los combustibles fósiles y con la mega minería. Para la abogada esta comparación es un error porque minimiza la discusión ambiental ya que si bien el litio parecería inocuo, lejos se está de serlo.

“Los salares son ecosistemas únicos, muy frágiles. El proceso de extracción podría significar un aumento del tráfico de máquinas excavadoras, una mayor contaminación, desplazamiento de comunidades y presión sobre el abastecimiento de agua. Si bien la minera dice que usa la salmuera que es el agua salada no apta para consumo, esta justificación no basta porque este uso podría estar afectando las fuentes de agua dulce. Hay un equilibrio delicado entre ambos tipos de agua y una actividad minera puede afectar este balance. Tampoco se habla del impacto en las comunidades de las salinas, su extracción tradicional y el impacto en su calidad de vida”, afirma Marchegiani.

Al igual que otras actividades mineras a gran escala, la explotación y procesamiento de las salmueras ricas en litio requieren importantes volúmenes de agua: según FARN por cada tonelada de litio extraído se evaporan unos 2 millones de litros de agua (aproximadamente 2.000 toneladas).

Marchegiani destaca la necesidad de mejorar los análisis ambientales como primer paso para conocer los verdaderos impactos de la extracción del litio sobre el agua y todo el ecosistema. “No hay suficiente información de base disponible para evaluar los impactos de los proyectos mineros de litio. Si bien existe una herramienta llamada Evaluación Ambiental Estratégica, reconocida en una ley, no está puesta en vigencia. Hoy por hoy los proyectos mineros estudian el impacto ambiental en sus zonas de influencia, definidos por ellos mismos. No se tiene en cuenta el impacto en términos de cuencas, es decir a nivel de todo el ecosistema, para saber cómo afecta a todo el sistema hídrico”.

El tema está movilizando a la industria automotriz para indagar sobre los riesgos ambientales y sociales de la minería de litio.  La iniciativa sectorial conocida como “Drive Sustainability” presentó recientemente un estudio que examina estos riesgos en 37 materiales clave para la industria automotriz, entre ellos el litio. El estudio indica que el riesgo crítico social del litio se ha identificado en los incidentes y conflictos con las comunidades indígenas. Se menciona el caso del Salar “Hombre Muerto” en Argentina, en donde las comunidades locales denuncian que las operaciones de litio han disminuido la calidad del agua para consumo humano y han incrementado su escasez. “La carencia de procesos formales de negociaciones entre las comunidades indígenas y las compañías mineras es un punto crítico”, indica el informe.

Por otro lado, en Bolivia, el Salar rico en litio está en Uyuni y se encuentra cerca de la mina San Cristóbal, que supuestamente causó un "desastre ambiental y social" que afecta a todo el suroeste de Potosí,  en parte debido al uso de 50,000 litros de agua por día ya que desde el inicio de la mina en 2007.

En las salinas de Chile, el acceso al agua es clave para las comunidades locales y sus medios de vida. En Atacama, la minería, según los informes, consume, contamina y desvía los escasos recursos hídricos lejos de las comunidades locales y la extracción de litio supuestamente causó problemas relacionados con el agua y la salud de las personas.

Otro de los ejes críticos ambiental es el tema de la disposición final de las baterías de litio. En la actualidad, más del 90 por ciento de las baterías de plomo-ácido usadas en los automóviles de gasolina convencionales se reciclan, en comparación con menos del 5 por ciento de las baterías de iones de litio. Se estima que se desecharán unos 11 millones de toneladas de paquetes de baterías de iones de litio gastados de aquí al 2030, según Li-Cycle, una recicladora de baterías con sede en Canadá. "Uno de los desafíos de hacer económicamente viable el reciclaje de baterías es la cantidad de material de la batería eso es necesario para mantener las tasas de utilización de las instalaciones de reciclaje lo suficientemente altas ", dicen los analistas de Morgan Stanley.

El estudio de Drive Sustainability indica que el reciclaje del litio ha recibido una calificación baja pero que hay evidencia de que las tasas de reciclaje podrían mejorarse. Por ejemplo, indica que el Reino Unido ha visto un alto nivel de reciclaje de baterías de litio (para 2017 se tenía el objetivo de reciclar el 45% de la colección de baterías de consumo). Las estadísticas indican que el objetivo solo se perdió por poco, con una tasa de reciclaje del 44.89% en 2017. Finalmente, una importante unidad europea de reciclaje ha patentado un proceso de reciclaje hidrometalúrgico, que tiene una mayor eficiencia de reciclaje de materiales, y tiene como objetivo recuperar el 100% de contenido de litio.

El desafío político del litio

Argentina y Bolivia son los países con menor desarrollo en materia de legislaciones relacionadas con el litio y con el mayor nivel de corrupción de la región, indica el estudio de Drive Sustainability. Si bien el litio no es clasificado como un mineral en conflicto, su regulación es un punto clave a discutir en el futuro debido a la alta conflictividad social en América Latina.

Un ejemplo de los posibles riesgos en este tipo de minería es el escándalo en Chile que involucró a la principal empresa de litio denunciada por realizar aportes irregulares a la campaña de Bachelet. La Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich-SQM), controlada indirectamente por el ex yerno de Pinochet, emitió facturas en los años 2012 y 2013, pleno periodo de campaña. Unos meses después, el Estado chileno -a través de la Corporación de Fomento (Corfo)- amplió la concesión que gozaba SQM para extraer litio del Salar de Atacama. Este es un caso de los posibles frentes de conflicto en zonas de explotación en el triángulo del litio.

Por su parte, Argentina, luego de muchos años de ausencia de normas en la provincia de Jujuy, decidió conformar la Mesa de Litio que contemplará un protocolo de buenas prácticas en la explotación con nuevas exigencias de protocolo ambiental para las empresas, estudios anuales de balance hídrico y una redefinición de las pautas de otorgamiento de licencias. En 2018, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, encabezó una misión a China para conformar un ecosistema de litio y las negociaciones en Oriente para atraer inversiones a las zonas francas jujeñas.

Los capitales japoneses también están interesados en el potencial de la provincia jujeña. En 2010, uno de los proveedores clave de Toyota Motor Corp. se aseguró el suministro a largo plazo de litio de Argentina, en lo que constituye uno de los primeros acuerdos globales de recursos naturales en la era del auto eléctrico. Sacando ventaja sobre los compradores chinos, la firma de suministro Toyota Tsusho Corp., cuyo 21,8% está en manos de Toyota Motor Corp., consiguió el respaldo del gobierno japonés para este acuerdo mediante préstamos baratos. Consultado por ComunicaRSE, los responsables del proyecto de litio en Toyota Tsusho se negaron a ofrecer comentarios por temas de confidencialidad.

Resta esperar que la demanda de litio alcance su potencial más alto. Si se quieren alcanzar las promesas que la movilidad sostenible trae para la región, posicionar al litio en la agenda de la sustentabilidad es un paso clave. Según ONU Medio Ambiente, América Latina podría ahorrarse 64 mil millones dólares en combustibles y reducir 300 millones de toneladas de dióxido de carbono si apuesta por este tipo de movilidad limpia. Pero para ello, la producción de litio debe crecer al mismo tiempo que se desarrollan políticas que protejan los derechos de las comunidades, regulen el impacto ambiental de su extracción y su posterior reciclaje para mitigar los impactos ambientales de sus residuos.