¿Cuál es el origen de esta iniciativa parlamentaria en un tema en el que hasta ahora el discurso es que es una iniciativa voluntaria y que la regulación, el Estado y la ley no tienen mucho que hacer?

La iniciativa surge porque yo me puse a estudiar el tema hace unos cuantos meses y es un tema de debate mundial, de hecho es un tema que se estuvo debatiendo en la reunión de Hong Kong de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Está en la agenda de debate de los principales países del mundo y yo creo que en los próximos meses va a ser un eje de distinción importante en estos debates en los que se van marcando pautas de las agendas públicas mundiales.

A mí me motivó el vacío que existe en la ley. Me parece que los argentinos estamos viviendo una etapa de transformación. Por ejemplo, estamos viviendo la transformación de un Consejo de la Magistratura que no dio los resultados esperados, estamos planteándonos la credibilidad profunda de nuestras instituciones, y una de las patas importantes en la concepción de esta transformación es la RSE, que no es la responsabilidad social frente al Estado, sino la responsabilidad social frente a la sociedad y a la comunidad de la que ellos son parte, y hoy es voluntaria de las empresas.

Así como los ciudadanos queremos estar gobernados por personas que sabemos públicamente la declaración jurada que tienen, sabemos la vida y el trabajo, y la agenda social que tienen, también corresponde en la sociedad que sepamos, en el mismo sentido, de la parte empresarial Por eso el proyecto de ley apunta a que exista un marco en el que sean más claras las reglas en una convivencia democrática, como es lo que estamos construyendo día a día en la Argentina.

¿Hacia qué áreas de la empresa apuntaría esta RSE? ¿Obligaría a dar información, es decir, a transparentar algunas actividades?

Hoy las empresas tienen una responsabilidad de ida y vuelta con las sociedades. Por ejemplo, que estén en la conducción de las empresas empresarios que no han sido inhabilitados por la justicia porque han quebrado otras empresas, porque han dejado a sus empleados en la calle, porque no les han pagado. Además me refiero a un compromiso social expreso cuando se deciden hacer obras de bien público. Hay empresas en la ciudad de Buenos Aires que se comprometen activamente con sus empleados y con las comunidades en las que trabajan. Y hay otras que reparten sus dividendos y se los llevan a sus casas. Es algo que, insisto, está en la agenda mundial de todos los países.

En España hay un debate muy fuerte sobre este tema ¿Hay algo de ese modelo?

Así es. Creo que tenemos que partir de la base de que se debatió en la Organización Mundial del Comercio, en donde estaban los máximos representantes del comercio mundial y éste fue uno de los temas. De hecho, en algunas universidades en las que yo he pedido consulta, hay departamentos enteros donde se estudia la RSE. No hay que asustarse, no es una búsqueda de preguntas que no tienen respuesta, sino todo lo contrario. Creo que es muy sano que se vayan abriendo las puertas de los que tenemos, en distintos lugares, posiciones de responsabilidad frente a la comunidad. Y las empresas son una de las entidades que tienen responsabilidad frente a la sociedad.

Senadora, en uno de los artículos, la ley habla de la posibilidad de una certificación que le permita a la empresa utilizar un sello como socialmente responsable. ¿Cómo prevé la ley que va a ser la dinámica de obtención de ese sello, de la evaluación, de la auditoría? ¿Quién va a ser la autoridad que tenga la legitimidad para evaluar esto?

Yo hice una propuesta en la ley para que sea un organismo que tenga la mayor independencia posible, que sea un organismo que pueda controlar y regular con total independencia de las tendencias, simpatía o antipatía que pueda existir con el mundo empresarial; que no se termine convirtiendo en un sello que no tiene ninguna validez, algo que en la Argentina tiene lamentablemente una historia muchas veces repetida en distintas áreas. Mi planteo fue desde este organismo independiente a crearse, con participación mixta, es decir, con representantes del Estado, del sector privado, de los organismos no gubernamentales. Pero yo creo que este proyecto puede enriquecerse producto del debate. Y la verdad es que estoy ansiosa de que llegue al recinto.

¿Ha tenido posibilidad de sondear el proyecto con el sector privado y ver qué cómo reaccionan ante la lectura?

No, no he hablado con el sector empresario. Lo he hablado, insisto, con el sector académico que me ha apoyado y avalado. Lo que me dicen desde muchos sectores es que ésta es una propuesta moderna de los temas que se avecinan en el mundo y que es bueno que nosotros también estemos en tiempo tratando estos temas.

¿Cuáles son los pasos parlamentarios que va a seguir esta ley de ahora en más?

Tenemos que esperar hasta que el Congreso retome sus actividades ordinarias. Se sabe que nosotros ahora estamos sesionando en forma extraordinaria según el temario que nos envía el Ejecutivo. Tendríamos que esperar hasta marzo que se debata en la comisión. Está en la comisión de Presupuesto y Hacienda y en la de Legislación General. Desde ya, los voy a mantener muy informados acerca del avance del proyecto.

¿Planea algún tipo de encuentro con el sector privado o va a seguir su devenir parlamentario sin diálogo con las empresas?

La coyuntura del momento del año hace que no podamos plantearlo en este momento. Pero sí es idea mía que puedan participar y que puedan enriquecer el proyecto, porque, vuelvo a insistir, hay empresas que ya están haciendo esto en forma voluntaria y que tienen experiencias muy importantes de compromiso con las comunidades en las que están. Para las empresas que se hacen las distraídas vamos a necesitar esta ley para que se comprometan con la sociedad que tanto les aporta.