Resulta políticamente correcto que las empresas en la actualidad consideren positivo colaborar con la comunidad a través de donaciones, trabajo voluntario, creación de fundaciones con diversos fines sociales y aún embarcándose en proyectos de desarrollo local. También resulta beneficioso para sus finanzas ya que constituye una inversión lo que gasta en acciones que podemos definir como de responsabilidad social, en especial cuando se trata de industrias cuyas actividades tienen un alto impacto en la comunidad, tales como las extractivas o las que en general trabajan con elementos potencialmente contaminantes.

En principio, no todas las empresas son socialmente responsables, y sólo pueden acceder a ese “comportamiento corporativo” aquellas empresas que son sustentables. Es decir, las que aumentan su rentabilidad haciendo más eficiente el uso de sus recursos, que previenen el daño (actual y potencial) al medioambiente y que, por último, dan respuesta a las necesidades de la sociedad, incluyendo en ella a sus propios empleados. En otras palabras, aquellas compañías que poseen una moral empresaria.

Dentro de las diversas formas en que se manifiesta la RSE, nos interesa apuntar a aquella en la que la empresa promueve o motoriza proyectos de desarrollo local, en general por la necesidad de convalidarse ante la sociedad y ser aceptados por ella, es decir, por necesidad de obtener licencia social. Quizás sea ésta la más difícil de desarrollar y, al mismo tiempo, la más atractiva para quienes trabajamos en la promoción y desarrollo de procesos colaborativos de construcción de consenso.

Las empresas que emprenden este camino deben plantearse qué significa lograr un comportamiento responsable dentro de la sociedad en la que se instalan. Aunque parezca ocioso destacarlo, deben entablar una relación de comunicación efectiva con la comunidad. Esto implica un camino de ida y vuelta. Por un lado deberán indagar qué es lo que la comunidad espera como comportamiento responsable, cuáles son sus anhelos y necesidades, y en qué medida la empresa –como un miembro más de esa comunidad– puede interactuar con ella y ayudarla en su proceso de desarrollo. Por otra parte, la empresa también debe comunicar sus objetivos y metas. La comunidad en la que se instala debe contar información para poder interactuar, de lo contrario sólo constituiría un sujeto pasivo de las acciones de la empresa.

La articulación entre el desarrollo económico que pretende la empresa, por un lado, y la equidad social y protección del ambiente que quiere la comunidad, por el otro, presenta un desafío para la agenda de los gobiernos locales y requiere de un asesoramiento adecuado a la hora de intentar la relación con la comunidad.

Se requiere contar con los elementos de comunicación adecuados, el diseño y conocimiento de los procesos que permiten un diálogo fructífero entre los actores, como así también un desarrollo óptimo de los programas que emprenderá la comunidad con la empresa, pues la confrontación entre múltiples actores sociales respecto de una problemática común hace que la mayoría de las veces surja la búsqueda de la satisfacción unilateral de cada una de las partes en juego.

Como resultado, en la mayoría de los casos, se transforman en procesos que no responden a las expectativas de ninguno de los actores involucrados. De allí la importancia del diseño y la facilitación profesional de estos procesos para que sean exitosos y cada uno de los actores involucrados encuentre satisfacción a sus demandas.

Ahora bien, también el Estado debe cumplir un rol en el proceso de involucramiento de la empresa en la comunidad. Su ausencia en los procesos de desarrollo y la distribución inequitativa de la riqueza –con la consecuente exclusión de amplios sectores de la población–, no ha facilitado la construcción de consensos sociales básicos. Sin embargo, es el Estado el que debe tomar el timón de la satisfacción de las necesidades sociales, un rol no puede ser declinado y, en los casos en que la empresa trabaja con la comunidad, debe participar de manera activa.

Por su parte las organizaciones de la sociedad civil deberán actuar como articuladoras y capacitadoras imparciales de los diferentes actores del proceso, a fin de integrar a aquellos sectores sociales que usualmente se hallan excluidos de los procesos participativos o de diálogo, y estimular a los que, sin hallarse excluidos, se encuentran desmotivados y ausentes.

En definitiva, desde el punto de vista empresario, la promoción de acciones de responsabilidad social efectuadas de manera correcta, representa beneficios mensurables (hace visible su responsabilidad, obtiene mayor demanda de sus productos, mejora la imagen corporativa, aumenta sus ventajas comparativas y reduce el riesgo de publicidad adversa). A su vez, la comunidad –si aprovecha esta herramienta y es capaz de construir un diálogo fructífero– puede llegar a elaborar un proyecto inclusivo de desarrollo local. En tanto, la participación del Estado a través de políticas públicas que avalen y faciliten la concreción de estos emprendimientos, le permite obtener legitimación de sus políticas públicas y el tan necesario aval social.