La publicación propone un marco de trabajo que se centre en políticas gubernamentales que resulten en la mejora de las condiciones de vida y en igualdad social, y que reduzcan los riesgos medioambientales.

Además, ofrece una serie de indicadores que pueden emplearse para evaluar el impacto de la economía verde. "Los indicadores de la economía verde proporcionan un espejo en el camino hacia un medio ambiente estable y una sociedad económicamente equitativa", dijo Achim Steiner, Subsecretario General y Director Ejecutivo del PNUMA. "Esta publicación está destinada a ayudar a los políticos a entender la utilidad de tales mediciones en el informe de sus decisiones de política y para impulsar sus agendas de economía verde a nivel nacional".

Los indicadores pueden ser utilizados en todas las etapas de la intervención política: desde la identificación de las principales cuestiones ambientales; la evaluación de los posibles costos y el rendimiento de la aplicación de políticas que logren una mayor rentabilidad en términos ambientales, sociales y económicos; y el seguimiento del impacto de la las políticas sobre el bienestar humano y la equidad.

 “Invertir en capital natural es necesario para continuar con nuestra prosperidad económica. La economía verde no solo tiene en cuenta la sostenibilidad, sino también el empleo y las ganancias”, manifestó el jefe de la sección de Economía y Comercio del PNUMA, Steven Stone.

Según el informe, los indicadores son importantes para la implementación de políticas porque ayudan a determinar sus resultados y medir su impacto. Esto significa centrarse en las intervenciones políticas que se traducen en la mejora del bienestar humano y la equidad social, así como la reducción de los riesgos ambientales y la escasez ecológica.

Para el Informe, la mayoría de los países se concentra demasiado en el Producto Interno Bruto (PIB) como medida del desempeño económico, y los responsables políticos no tienen en cuenta la depreciación de los activos fijos, tales como los bosques, los recursos de aire limpio o el agua.
 
“La idea es complementar el Producto Interior Bruto (PIB), que mide la actividad macroeconómica, con otros medidores que reflejen mejor la naturaleza multidimensional del ser humano y la calidad de vida”, afirmó Sheng Fulai, uno de los autores del informe.

El informe detalla una serie de indicadores que las autoridades pueden utilizar para formular, enfocar y realizar el seguimiento del impacto de sus políticas de economía verde en las tres etapas de desarrollo, incluyendo:

1. Indicadores para las cuestiones ambientales

Cambio climático - Las emisiones de carbono y la cuota de las energías renovables;

Gestión de los ecosistemas - Estrés forestal y agua;

Eficiencia de los recursos - Energía, material y productividad del agua

Productos químicos y gestión de residuos - Gestión de residuos, el reciclaje y la reutilización.

2. Indicadores para intervenciones políticas

Inversión verde- inversión en I + D;

Reforma fiscal verde - combustibles fósiles, agua y subvenciones a la pesca, y  los impuestos a los combustibles fósiles;

Externalidades de precios y valoración de los servicios ambientales - precio del carbono, el valor de los servicios ambientales;

Compras verdes - Gastos en la contratación sostenible; Indicadores de impacto de las políticas sobre el bienestar y la equidad

Empleo - Construcción, operación y gestión, los ingresos generados;

Riqueza total - Valor de las reservas de recursos naturales, la tasa de alfabetización;

El acceso a los recursos - El acceso a la energía moderna, el agua y el saneamiento;

Salud - El nivel de sustancias químicas nocivas en el agua potable, el número de personas hospitalizadas debido al aire contaminado.

El informe señala que ya hay varios índices e indicadores disponibles para los países interesados en la promoción del desarrollo sostenible, como el nuevo sistema de las Naciones Unidas sobre contabilidad ambiental y económica integrada (SCAEI), que establece nuevos estándares estadísticos para recopilar e integrar datos económicos y ambientales.

Fulai agregó que la intención de este informe no es juzgar las prácticas medioambientales que cada país ponga en marcha, “sino ofrecer herramientas y soporte para ayudar a los países a alcanzar sus propios objetivos”.

El informe servirá de base a las discusiones de la conferencia “Midiendo el futuro que queremos”, que comienza este martes en Ginebra y que será la primera oportunidad después de la conferencia de Río+20 para que los expertos puedan analizar e identificar medidas que faciliten la transición hacia una “economía verde”.

En Río+20 se acordaron una serie de metas de desarrollo sostenible y que la ONU proporcionase soporte y herramientas políticas a aquellos países decididos a emprender medidas de defensa del medio ambiente.

La conferencia reunirá a representantes de díez países -Alemania, Barbados, China, Dinamarca, Ecuador, Ghana, Indonesia, Marruecos, Tailandia y Uruguay-, la Organización Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM) y agencias de la ONU.
Actualmente, varios países, incluso algunos gobiernos latinoamericanos, reciben asesoramiento del PNUMA para revisar sus políticas medioambientales nacionales y regionales, para transformar y revitalizar sus economías.