La denuncia, presentada ante el PCN holandés en octubre de 2015, alegó que Bralima abusó de los derechos humanos de 168 trabajadores en su fábrica de Bukavu en el período 1999-2003, desestimándolos injustamente y cooperando con el movimiento rebelde RCD-Goma.

La denuncia afirma Bralima aprovechó un período de turbulencia política en la República Democrática del Congo para despedir rápidamente a un gran número de empleados sin autorización de la autoridad laboral competente, sino del movimiento rebelde RCD-Goma. Los empleados despedidos en masa fueron reemplazados por trabajadores temporales.

Los trabajadores acusaron a Heineken de haber tenido conocimiento de la situación y por lo tanto violar las normas de derechos humanos expuestas en las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Después de considerar la denuncia admisible, el Punto Nacional de Contacto Holandés de la OCDE inició un proceso de investigación y mediación. Entre enero y agosto de 2017, el PCN facilitó las reuniones de diálogo entre las partes en las embajadas holandesas en Uganda y Francia, y Heineken se reunió por separado con los trabajadores en dos ocasiones.

La ONG SOMO, con sede en Holanda, y Afrewatch, con sede en el Congo, ambos miembros de la red Watch de la OCDE, apoyaron y asesoraron a los trabajadores durante todo el proceso.

La ONG SOMO destaca que el aporte del PCN holandés fue clave ya que tradujo todos los documentos clave y facilitó el viaje a los querellantes, permitiéndoles participar donde ellos de otro modo no hubiesen podido. “Este es un caso raro de un gobierno que mantiene su promesa de tener un NCP accesible, que fue un factor clave de éxito en el caso”, afirmaron desde SOMO.

"Este resultado es histórico porque llegar a un acuerdo cuando hay denuncias de violación de las Directrices de la OCDE es muy raro", explicó Joseph Wilde-Ramsing, Coordinador de OECD Watch. "Este resultado importante es el resultado de los incansables esfuerzos de los trabajadores para hacer valer sus derechos y exigir el remedio que se les debe, el compromiso responsable de Heineken y el manejo profesional de la queja por parte del PCN holandés. Este caso revela el potencial de los PCN para proporcionar un acceso efectivo a los recursos y ayudar a resolver las disputas entre las empresas y las comunidades".

Como parte del acuerdo, Heineken se ha comprometido a mejorar su política y prácticas en hacer negocios en países volátiles y afectados por conflictos. A mediados de 2018 se llevará a cabo una evaluación de la aplicación del acuerdo.