Este año CERALC se continúa implementando en los nueve países seleccionados durante la primera fase: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. El Proyecto incluirá actividades específicas en cada país, pero favorecerá actividades regionales y subregionales a las cuales también invitará a partes interesadas de países adicionales, como: El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay y Paraguay. Esto último con miras a generar compromiso en la preparación de una ampliación del alcance geográfico del proyecto en la segunda fase.

Las organizaciones implementadoras: OIT, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), continuarán consolidando los resultados hasta ahora alcanzados, rastreando los impactos y buscando expandir y escalar los compromisos, políticas y buenas prácticas existentes.

Al mismo tiempo, y en vista de los desarrollos regulatorios recientes y futuros de la debida diligencia en la Unión Europea, las actividades bajo el proyecto de transición también buscarán alinearse con estas iniciativas, teniendo en cuenta que en los próximos años el proyecto serviría como medida de acompañamiento al impacto de estos desarrollos regulatorios en la región.

En este contexto, el objetivo general de esta fase transitoria se alineará en gran medida con los logros anteriores y apuntará a contribuir a la promoción de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la UE y América Latina y el Caribe.

Objetivos

Sobre la base de la experiencia de la primera fase, pero teniendo en cuenta el surgimiento de desarrollos regulatorios de debida diligencia social y ambiental y la evolución de las prioridades de la UE, las organizaciones llevarán a cabo esfuerzos con el fin de:

• Apoyar a las empresas que operan en la región para llevar a cabo prácticas de debida diligencia de la CER que estén en línea con los principios y estándares de CER, que respeten los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos laborales.
   
• Contribuir al desarrollo y la implementación de políticas nacionales, marcos regulatorios y legislativos sobre CER, incluidos los Planes Nacionales de Acción sobre empresas y derechos humanos y políticas sectoriales, para garantizar la alineación con los principios y estándares de la CER y fortalecer el acceso a la reparación.
   
• Fomentar la participación y el diálogo de múltiples partes interesadas para impulsar la adopción de la CER.