Los hallazgos se incluyen en el resumen ejecutivo del informe Carbono Cero América Latina y el Caribe 2019, publicado de forma anticipada y el cual destaca las oportunidades, costos y beneficios de la descarbonización conjunta de la energía y el transporte. Ambos sectores representan dos tercios de las emisiones regionales de dióxido de carbono de origen fósil y alrededor de 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se espera que estas emisiones se dupliquen para mediados de siglo si persisten las políticas actuales.

Bajo ese escenario, se espera que las emisiones del sector energético aumenten 140% (hasta 1.200 millones de toneladas), considerando que la demanda regional de electricidad casi se triplicará para 2050. Satisfacer al nuevo mercado bajo una matriz de generación basada en combustibles fósiles colocaría la región lejos de la vía para cumplir el objetivo de 2 °C del Acuerdo de París, advierte el informe.

La conversión a un sistema de energía totalmente renovable sería el camino menos costoso para electrificar la región y lograr los compromisos climáticos del Acuerdo de París, indica el estudio. Una matriz renovable requerirá inversiones acumuladas de US$ 800 mil millones para 2050, menos de los US$ 1083 mil millones que serían necesarios para satisfacer la demanda de energía en el escenario de generación actual.

El informe muestra que mediante la descarbonización de la matriz energética y la electrificación total del sistema de transporte (incluido los sistemas marítimos y terrestres), en 2050 la región podría evitar 1.100 millones de toneladas de CO2eq y además ahorrar US$ 621 mil millones por año.

Estos ahorros incluyen US$ 300 mil millones en gastos evitados en el transporte terrestre de pasajeros y reducciones de US$ 222 mil millones en costos de electricidad. Gracias a la disminución de la contaminación del aire en las ciudades, podrían evitarse US$ 30 mil millones en gastos de salud.

Los ahorros totales anticipados por los autores toman en cuenta el costo de retirar gradualmente las plantas eléctricas basadas en combustibles fósiles antes del final de su vida útil. El valor de los activos varados se estimó en US$ 80 mil millones (2018) a mediados de siglo.

La transición a la descarbonización total en estos sectores específicos creará beneficios adicionales, como 7,7 millones de nuevos empleos permanentes y 28 millones de años de trabajo en asignaciones temporales relacionadas con tecnologías verdes, construcción de infraestructura o electrificación del transporte.

“Los sectores de energía y transporte presentan grandes oportunidades para una acción rápida y de gran alcance, que sea tanto ambientalmente racional como financieramente atractiva. Una transición acoplada no solo apunta a alcanzar cero emisiones para 2050, sino a contribuir al crecimiento económico y al mejoramiento de la salud pública”, dijo el director eegional del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Leo Heileman.

Desde 2012, las energías renovables no convencionales han duplicado su participación en la matriz regional, y junto con la energía hidroeléctrica representaron casi 54% en 2018, según el informe.

Además, los esfuerzos de varios países para crear un entorno propicio para la transición energética han asegurado más de US$ 35 mil millones en inversión en energías renovables no convencionales durante los últimos 5 años (44% de los flujos de inversión extranjera directa mundial).

Aunque se registra un progreso, los autores piden una agenda política más audaz para acelerar los cambios necesarios con el fin de lograr la descarbonización a mediados de siglo.

El informe Carbono Cero América Latina y el Caribe 2019: la oportunidad, el costo y los beneficios de la descarbonización combinada de los sectores de energía y transporte en América Latina y el Caribe, se basa en el primer informe Carbono Cero (2016), que hizo un llamado a la región enfocarse en la descarbonización completa de cuatro áreas responsables de 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero: generación de energía, transporte, uso del suelo e industria.

La nueva edición se elaboró con el apoyo de EUROCLIMA +, un programa financiado por la Unión Europea, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).