"Los derechos sin recursos efectivos no significan mucho en la práctica", advirtieron los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en una declaración emitida el 1 de junio al cierre de una misión de investigación de 10 días a Canadá. Entre una serie de recomendaciones, instaron al gobierno a “fortalecer el acceso a acciones de remediación para las personas y comunidades afectadas por las empresas canadienses en todo el mundo”. 

La ONG Human Rights Watch (HRW), por su parte, celebró el informe del Grupo de Trabajo de la ONU al tiempo que recordó los varios informes emitidos que dan cuenta del impacto negativo en derechos humanos, laborales y ambientales de las extractivas canadienses que operan en el mundo. 

“Ningún país está mejor preparado que Canadá para abordar esta cuestión. Más de la mitad de las compañías mineras del mundo son canadienses y el país tiene una posición dominante en la inversión minera en el exterior. Esto es una oportunidad clave para que el gobierno ejerza un liderazgo global en los desafíos de derechos humanos que surgen en la industria extractiva”, afirmó HRW. 

Otras ONG como Oxfam Canadá creen que nada ha cambiado en cómo el gobierno federal está manejando estas apremiantes cuestiones de derechos humanos, para responsabilizar a las empresas canadienses de su comportamiento cuando operan en el extranjero. “El problema no es pequeño. Las compañías mineras con sede en Canadá han estado implicadas en violaciones de derechos humanos en todo el mundo, algunas de las cuales implicaron abusos flagrantes como la violencia sexual, el desplazamiento forzado y las ejecuciones de personas”, explica Ian Thompson, Analista de Políticas del Sector Extractivo de Oxfam Canadá.

En 2014, el Gobierno de Canadá relanzó su política de RSE para las empresas mineras pero conservando el principio voluntario para aplicarlo. La nueva política llama a las empresas a establecer diálogos con las comunidades en las que opera para la resolución de las controversias. 

“La estrategia continúa aplicándose de manera voluntaria, pero pretende fortalecer el proceso al indicar que las empresas que ignoren las mejores prácticas de RSE y que no participen en un proceso voluntario de resolución de conflictos pueden perder el apoyo de la embajada canadiense y el financiamiento de Export Development Canada. Si bien este anuncio al menos reconoció los problemas existentes en materia de rendición de cuentas empresarial, no logra ser un cambio significativo”, analizan desde el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) 

Hasta el momento la estrategia de Canadá era recostarse en el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE, encargado de velar por el cumplimiento de las Directrices para Multinacionales, para dar curso a las denuncias sobre sus empresas. Sin embargo, un informe de la ONG OCDE Watch, mostró que este mecanismo era muy poco transparente y no lograba su objetivo. “En más de quince años de existencia, el PNC ha fracasado sistemáticamente a la hora de proporcionar un recurso efectivo a los partes”, concluye con extrema dureza el informe. 

-    Un Ombudsman para el Sector Extractivo

En respuesta a este escenario, existe un proyecto del gobierno para crear la figura de un Ombudsman que tendría como misión recibir las denuncias sobre el comportamiento de empresas de ese país que operan en cualquier parte del mundo. De esta manera, en principio los sectores que se sientan afectados por la actuación de las empresas canadienses podrían canalizar sus reclamos en ese país.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU  recomendó oficialmente en 2015  que Canadá establezca un mecanismo independiente para investigar las empresas extractivas que operan en el extranjero.

Ahora, una red de ONG denominada Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA) está impulsando dicho proyecto de ley que popone:

- Total independencia del gobierno canadiense.
- Participación obligatoria de las empresas.
- La realización de investigaciones para evaluar el cumplimiento de las empresas con un conjunto de estándares establecidos.
- Procesos transparentes, lo que comprende que los informes y las recomendaciones sean públicas.
- Seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones.
- Dejar abierta la posibilidad de crear un mecanismo para que las empresas pierden acceso a las múltiples formas de apoyo que brinda el gobierno canadiense en caso de no cumplir con las recomendaciones.

La CNCA denunció con preocupación en el mes de marzo que el presupuesto 2017 dado a conocer por el Primer Ministro Trudeau, no incluye los fondos necesarios para la creación de esta nueva oficina gubernamental. 

La misión del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU que visitó el país la semana pasada concluyó en su informe que teniendo en cuenta la significativa huella de las operaciones extractivas de Canadá en el extranjero una institución como un ombudsman puede proporcionar oportunidades de remediación oportunas y accesibles. "Para ser eficaz, el gobierno debe establecer una entidad independiente, bien dotada de recursos, y con poder para investigar las denuncias, realizar hallazgos y hacer cumplir sus órdenes, de acuerdo con otras instituciones similares en Canadá", recomendó la ONU.