La ONG Alianza por la Solidaridad (AxS ) señaló ante la OCDE un potencial incumplimiento de las Líneas Directrices  para Empresas Multinacionales dentro del capítulo de Medio ambiente y los Principios Generales , que recomiendan que las empresas deberán tener totalmente en cuenta las políticas establecidas en los países en los que ejercen su actividad y considerar las opiniones de las demás partes interesadas a partir de:

- Respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas afectadas por sus actividades.
- Implementar la debida diligencia basada en los riesgos incorporándola, por ejemplo, a sus sistemas de gestión de riesgos, con el fin de identificar, prevenir o atenuar los impactos negativos, reales o potenciales  e informar sobre cómo se reacciona ante dichos impactos negativos.

La ONG AxS pidió a la OCDE que la reparación se realice en los términos establecidos en las Líneas Directrices, lo cual implicaría a su juicio: 

- La realización de una consulta según el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT. 

- Que se lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental integral de las cinco fases que contemple con objetividad los impactos sociales económicos culturales y ambientales de todo el complejo hidroeléctrico.

El secretariado del PNC mantuvo una reunión con los representantes de la empresa española donde presentaron la política de RSC del grupo empresarial. La empresa sostiene que las alegaciones hechas por AxS no están fundamentadas. Particularmente destacaron sus auditorías internas, las cuales demuestran su compromiso y respeto de los derechos humanos y la normativa que siguen en materia de prevención medioambiental.

Con respecto al impacto medioambiental, el PNC hace una valoración positiva y otra negativa. Por una parte, para mantener un ecosistema alrededor del rio, los contratistas crearon la primera reserva natural privada que es nombrada dentro de un proyecto hidroeléctrico para mantener la fauna y la flora en el área.Por otra parte, se aprecian cambios significativos en algunos tramos del cauce, que ponen de manifiesto la alteración ocasionada en algunas zonas del proyecto con efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales, en materia de acceso al agua, pesca y valores religiosos. 

De cara al futuro, se recomienda a la empresa española que revise su política de Derechos Humanos. “A pesar de que el Convenio 169 de la OIT se menciona en dicho documento, estimamos que, de cara a futuros proyectos, el grupo debe velar por que antes de la realización de un proyecto se lleve a cabo una consulta previa, libre e informada a las poblaciones indígenas, en línea con La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, dice el informe. 

Asimismo, se anima a que revisen su política de RSE para incluir, como parte de la política estructural del grupo empresarial, la necesidad de realizar una supervisión activa de los socios locales en todo el mundo en materia de riesgos en línea con la Guía de debida diligencia para una conducta empresarial responsable de la OCDE.