En enero de 2018, el Ministerio de Comercio de Canadá anunció la creación de un ombudsman independiente, el Defensor del Pueblo Canadiense para Empresas Responsables (CORE, por sus siglas en inglés), para investigar los abusos a los derechos humanos relacionados con la actividad corporativa canadiense en el extranjero. Además, el Ministerio promulgó un organismo asesor de múltiples partes interesadas para el gobierno y CORE para asesorar sobre la conducta empresarial responsable en el extranjero.

A la luz de estos desarrollos y el historial de derechos humanos del sector minero, Shift inició una investigación que analiza la divulgación de los derechos humanos de un grupo de 18 compañías mineras canadienses (compañías mineras tradicionales, junto con varias compañías de transmisión por secuencias y regalías). Sin embargo, las conclusiones y recomendaciones de este informe también pueden tener implicaciones de mayor alcance para las empresas mineras más allá de Canadá.

La investigación reveló fortalezas y debilidades de las tendencias de los informes del sector. Canadá es un líder mundial en la industria minera ya que el 57% de las empresas mineras públicas de todo el mundo cotizan en la Bolsa de Toronto.

Los hallazgos clave incluyen la necesidad de desarrollar una narrativa sólida y global en la divulgación  de la gestión de los derechos humanos de una empresa, provisión de más detalles sobre el compromiso de las partes interesadas en relación con cuestiones de derechos humanos sobresalientes y,en general, un mayor intercambio de desafíos genuinos, y ejemplos concretos para enmarcar esos desafíos, enfrentados por las compañías. 

Resultados destacados:

- Políticas: De las 18 empresas mineras canadienses analizadas, el 22% de las empresas tienen compromisos de política de nivel básico que cubren solo el marco de Derechos (varios no mencionan los derechos humanos por completo). Un 50% demuestra un compromiso político a nivel establecido, ligeramente por encima del promedio general, Los compromisos son bastante detallados, pero no reconocen explícitamente a todos los Derechos humanos internacionalmente reconocidos. Cabe destacar que ninguna de las 18 empresas revisadas logró un Nivel de liderazgo en esta área, indicando un área amplia para mejorar.

- Governanza: El puntaje promedio del grupo está ligeramente por encima del nivel de Mejora (2.2 / 5). El 33% de las empresas analizadas divulgan información sobre gobernanza solo a nivel básico, centrándose en temas más amplios de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, o temas similares, mientras que no se indica quién es responsable de los derechos humanos. Ninguna empresa alcanzó un nivel de liderazgo en este indicador, lo que sugiere otra área de mejora.

- Priorización: De este grupo de 18 empresas, casi la mitad (44% en el nivel Básico) no logra identificar cuáles son las cuestiones de derechos humanos más relevantes para sus negocios. Una empresa logró un nivel de liderazgo.

El error común, también visto dentro de este grupo, es una mala interpretación de lo que son los derechos humanos.

La divulgación de varias compañías exhibe esta desconexión al separar los problemas en una matriz de materialidad que están relacionados con los derechos humanos (por ejemplo, salud y seguridad, derechos laborales, seguridad) desde la categoría amplia de "derechos humanos".

- Análisis de riesgo: En general, la divulgación de este grupo de empresas carece de detalle sobre los procesos que existen para evaluar los riesgos de derechos humanos. A menudo, las compañías declararán que tales procesos existen pero no proporcionan ejemplos.

Algunas compañías de este grupo divulga detalles sobre varios aspectos internos y procesos de auditoría externa y evaluación establecidos para apoyar sus programa de derechos humanos, y da ejemplos específicos sobre cómo esos procesos están integrados en sistemas más amplios de gestión de riesgos.

- Remediación: Un tercio de las empresas evaluadas en este grupo obtuvieron el puntaje promedio, en el nivel de Mejora, indicando que la compañía promedio en este grupo identifica una línea directa u otra vía para remediar a las partes interesadas afectadas, que incluyen pero no se limitan a los empleados de la compañía. Sin embargo, estas compañías no discuten los procesos para abordar quejas, reclamos, o los resultados, ni ninguna información sobre revisiones independientes o supervisión del mecanismo de quejas.