Los autores del proyecto sostienen que los recientes escándalos como los provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o actualmente Cambridge Analytica ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos.

El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado lo siguiente: «Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. Así pues, si protegemos mejor a los denunciantes de irregularidades, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción, la elusión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente. No se debe castigar a nadie por hacer lo correcto. Además, las propuestas de hoy también protegerán a quienes sirvan de fuentes a los periodistas de investigación, con lo que se contribuirá a garantizar la defensa de la libertad de expresión y de medios de comunicación en Europa».

Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha añadido: «La nuevas normas en materia de protección de los denunciantes de irregularidades serán un punto de inflexión. En un mundo globalizado en el que es real la tentación de aumentar al máximo las ganancias a costa de la ley, necesitamos apoyar a la personas dispuestas a asumir el riesgo de revelar graves infracciones del Derecho de la UE. Se lo debemos a las personas honradas de Europa».

Mecanismos claros y obligaciones para los empleadores

La nueva ley exigirá que todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades. La nueva ley también se aplicará a todas las administraciones nacionales y regionales, así como a los municipios que tengan más de 10 000 habitantes.

Entre los mecanismos de protección que deberán establecerse se cuentan los siguientes:

• Canales claros de notificación, dentro y fuera de la organización, para garantizar la confidencialidad.
   
• Un sistema de notificación con: canales internos de notificación; notificación a las autoridades competentes si los canales internos no funcionan o no puede esperarse razonablemente que funcionen (por ejemplo, si el uso de los canales internos podría poner en peligro la eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades competentes); notificación a los medios de comunicación o al público si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables.
   
• Obligaciones de notificación aplicables a las autoridades y las empresas, que tendrán que responder y dar curso a las notificaciones de los denunciantes de irregularidades en el plazo de tres meses en el caso de los canales internos de notificación.
   
• Prevención de represalias y protección eficaz: están prohibidas y deben ser sancionadas todas las formas de represalia. Si el denunciante sufre represalias, debe tener acceso a asesoramiento gratuito y a las vías de recurso adecuadas (por ejemplo, medidas para atajar el acoso en el trabajo o prevenir el despido). La carga de la prueba se invierte en tales casos, de modo que la persona u organización deberán demostrar que no se trata de una represalia contra el denunciante de irregularidades. Estos también recibirán protección en los procesos judiciales, especialmente mediante una exención de la responsabilidad por la revelación de información.

Salvaguardias eficaces

La propuesta protege la denuncia de irregularidades responsable y claramente dirigida a salvaguardar el interés público. Por lo tanto, contempla salvaguardias para disuadir e impedir los informes abusivos o malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación. Los afectados por la notificación realizada por un denunciante de irregularidades disfrutan plenamente de la presunción de inocencia, del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, y del derecho de defensa.