"Esta ley es un avance histórico. Las empresas son ahora responsables de posibles abusos en su cadena de valor, diez años después de la tragedia del Rana Plaza. Que este acuerdo sea un homenaje a las víctimas de ese desastre y un punto de partida para dar forma a la economía de "Un futuro que anteponga el bienestar de las personas y del planeta a las ganancias y al cortoplacismo”, afirmó la principal eurodiputada Lara Wolters (S&D, Países Bajos) tras el final de las negociaciones.

La nueva directiva sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa, acordada informalmente por los colegisladores de la UE, establece obligaciones para que las empresas mitiguen su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente, como el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la deforestación y el exceso de agua. consumo o daño a los ecosistemas.

Tendrán que integrar la llamada “debida diligencia” en sus políticas y sistemas de gestión de riesgos, incluidas descripciones de su enfoque, procesos y código de conducta. Las empresas, incluido el sector financiero, también tendrán que adoptar un plan que garantice que su modelo de negocio cumpla con la limitación del calentamiento global a 1,5°C. Los eurodiputados aseguraron que la dirección de las empresas con más de 1.000 empleados recibirá beneficios económicos por la aplicación del plan.

Normas aplicables a grandes empresas y a aquellas de sectores de alto riesgo

La legislación se aplicará a las empresas de la UE y a las empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación mundial superior a 150 millones de euros. Las obligaciones también se aplicarán a las empresas con más de 250 empleados y con una facturación superior a 40 millones de euros si al menos 20 millones se generan en uno de los siguientes sectores: fabricación y comercio al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado, agricultura, incluida la silvicultura y pesca, fabricación de alimentos y comercio de materias primas agrícolas, extracción y comercio al por mayor de recursos minerales o fabricación de productos relacionados y construcción. También se aplicará a empresas extracomunitarias y a empresas matrices con volumen de negocios equivalente en la UE.

Las empresas tendrán que identificar, evaluar, prevenir, mitigar, poner fin y remediar su impacto negativo y el de sus socios upstream y downstream, incluida la producción, el suministro, el transporte y el almacenamiento, el diseño y la distribución sobre las personas y el planeta. Para ello, deberán realizar inversiones, buscar garantías contractuales de los socios, mejorar su plan de negocios o brindar apoyo a sus socios de pequeñas y medianas empresas.

Portal de información para empresas

Los eurodiputados aseguraron que las empresas también tendrán que involucrarse significativamente con aquellos afectados por sus acciones, introducir un mecanismo de quejas, comunicar sus políticas de debida diligencia y monitorear periódicamente su efectividad. Los eurodiputados también aseguraron que se exigirá a los gobiernos de la UE que creen portales prácticos, dedicados a las obligaciones de diligencia debida de las empresas, que proporcionen información sobre contenidos y criterios, orientación relacionada de la Comisión e información para las partes interesadas.

Sanciones y supervisión

Cada país de la UE designará una autoridad supervisora para controlar si las empresas cumplen con estas obligaciones. Estos organismos intercambiarán mejores prácticas y cooperarán a nivel de la UE dentro de la Red Europea de Autoridades de Supervisión establecida por la Comisión. Podrán iniciar inspecciones e investigaciones e imponer sanciones a las empresas que no cumplan, incluidas “nombrar y avergonzar” y multas de hasta el 5% de su facturación neta mundial.

Los eurodiputados negociaron que las empresas serán responsables del incumplimiento de sus obligaciones de debida diligencia y sus víctimas tendrán derecho a ser indemnizadas por los daños y perjuicios. Para motivar a las empresas, los eurodiputados finalmente garantizaron que el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia pueda utilizarse como parte de los criterios de adjudicación de contratos públicos y de concesión.