Los hallazgos, publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia, evidencian que la litigación climática se está convirtiendo en una parte esencial para garantizar la acción y la justicia climáticas.

El “Informe mundial sobre litigios climáticos: Revisión Global 2023” consiste en un análisis de los casos centrados en la legislación, la política y la ciencia del cambio climático recopilados hasta el 31 de diciembre de 2022 por las bases de datos de litigios mundiales y estadounidenses sobre el cambio climático del Sabin Center.

"Las personas recurren cada vez más a los tribunales para combatir la crisis climática, al exigir responsabilidades a los gobiernos y al sector privado y convertir los litigios en un mecanismo clave para garantizar la acción climática y promover la justicia climática", declaró Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA.

El Informe también ofrece una visión general de los principales casos de litigios climáticos de los dos últimos años, incluidos los avances históricos (véanse los casos seleccionados al final del presente comunicado). A medida que los litigios climáticos aumentan en frecuencia y magnitud, crece también el acervo de precedentes jurídicos, formando una rama del Derecho cada vez mejor definida.

El número total de casos relativos al cambio climático se ha duplicado con creces desde la publicación de un primer informe sobre el tema, al pasar de 884 en 2017 a 2.180 en 2022. Aunque la mayoría de los casos se han presentado en los Estados Unidos de América, los litigios climáticos están tomando fuerza en todo el mundo, y alrededor del 17% de los casos se registran ahora en países en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID).

Estas acciones jurídicas se interpusieron en 65 órganos de todo el mundo: en cortes internacionales, regionales y nacionales, cortes de distrito, cortes supremas, órganos cuasijudiciales y demás órganos jurisdiccionales, incluidos los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y los tribunales de arbitraje.

"Existe una alarmante brecha cada vez mayor entre el nivel de reducción de gases de efecto invernadero que el mundo necesita alcanzar para cumplir sus objetivos de temperatura y las medidas concreta que los gobiernos están tomando para reducir las emisiones. Esta brecha provocará inevitablemente que cada vez más personas recurran a los tribunales. El presente informe será un recurso valioso para todas las personas que deseen obtener el mejor resultado posible en las instancias judiciales, así como para comprender lo que es y lo que no es posible resolver por dichas instancias", declaró Michael Gerrard, director de facultad del Sabin Center.

El informe demuestra de qué maneras se están escuchando las voces de los grupos vulnerables en todo el mundo: 34 casos han sido presentados por parte de y en nombre de niñas, niños y jóvenes (menores de 25 años), por ejemplo: en Pakistán y la India, niñas de siete y nueve años respectivamente; en Suiza, los demandantes se basan en el impacto desproporcionado del cambio climático sobre las mujeres de edad avanzada.

Se han presentado casos notables en los que se han impugnado decisiones gubernamentales basadas en la incompatibilidad de un proyecto con los objetivos del Acuerdo de París o con los compromisos nacionales de cero emisiones netas. Asimismo, la creciente toma de conciencia sobre el cambio climático en los últimos años ha impulsado acciones contra las empresas, entre las que se incluyen casos por los que se busca exigir responsabilidades por los daños causados al clima tanto a las empresas de combustibles fósiles como a otros emisores de gases de efecto invernadero.
 

Según el informe, la mayoría de los litigios climáticos en curso se inscriben en una o varias de las seis categorías siguientes:

1. Litigios que recurren a los derechos humanos consagrados en el derecho internacional y las constituciones nacionales;
    
2. Desafíos relativos a la no aplicación nacional de las leyes y políticas relativas al clima;
    
3. Demandantes que procuran que los combustibles fósiles permanezcan bajo tierra;
    
4. Litigios relativos a las responsabilidades de las empresas por los daños y perjuicios causados al clima;
    
5. Litigios en los que se aboga por una mayor divulgación de información relativa al clima y poner fin a la ecoimpostura (greenwashing);
    
6. Litigios que denuncian la falta de adaptación a las consecuencias del cambio climático.

En el informe se demuestra cómo los tribunales están detectando fuertes vínculos entre los derechos humanos y el cambio climático. Como resultado, los grupos más vulnerables de la sociedad están recibiendo una mayor protección, al tiempo que se mejora la rendición de cuentas, la transparencia y la justicia, lo que obliga a los gobiernos y a las empresas a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Según las previsiones del informe, en el futuro se incrementará el número de casos relativos a la migración climática, los casos presentados por los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y demás grupos afectados de forma desproporcionada por el cambio climático y, por último, los casos relativos a la responsabilidad posterior a los fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, en el informe se pronostican desafíos en la aplicación de la ciencia de la atribución de los efectos del cambio climático, así como un incremento de los casos de "oposición" contra los litigantes climáticos con el fin de invalidar las normativas encaminadas a la acción climática.

Entre los principales casos y asuntos de litigios climáticos tratados en el informe se incluyen:

• La conclusión adoptada, por primera vez, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU de que un país había violado la legislación internacional sobre derechos humanos debido a su política climática y a su falta de acción en este ámbito, al considerar que el Gobierno de Australia ha incumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos con los habitantes de las islas del estrecho de Torres;
   
• El Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que el Acuerdo de París es un tratado de derechos humanos que goza de estatus "supranacional";
   
• Un tribunal de los Países Bajos ordenó a la empresa petrolera y gasística Shell que cumpliese el Acuerdo de París y redujese para 2030 sus emisiones de dióxido de carbono en un 45% con respecto a los niveles de 2019. En efecto, se trata de la primera vez que un tribunal considera que una empresa privada está sujeta a una obligación en virtud del Acuerdo de París;
   
• Un tribunal de Alemania anuló determinadas partes de la Ley Federal de Protección del Clima (KSG por sus siglas en alemán) por considerarlas incompatibles con los derechos a la vida y a la salud;
   
• Un tribunal de París promulgó que la falta de acción climática de Francia y el incumplimiento de sus objetivos en materia de presupuesto de carbono han causado daños ecológicos asociados al clima;
   
• Un tribunal del Reino Unido dictaminó que el Gobierno del país no cumplía con sus obligaciones legales en virtud de la Ley de Cambio Climático (Climate Change Act) de 2008 cuando este último ratificó su estrategia de cero emisiones netas;
   
• Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) han iniciado y liderado iniciativas para obtener opiniones consultivas en materia de cambio climático por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
   

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