Se aprobó una versión diluida de la directiva de debida diligencia de la comisión europea
Después de semanas de demora, finalmente la comsión europea aprobó hoy una versión mucho menos exigente de la Directiiva de Debida Diligencia de Sostenibildiad Corporativa para empresas europeas.
Se trata de la nueva legislación europea para que las grandes empresas europeas asuman responsabilidad por los impactos de su gestión en medioambiente y derechos humanos dentro y fuera de Europa.
El acuerdo final aprobado por el Consejo Europeo hoy es una versión lavada del acuerdo original. Originalmente, afectaba a empresas con 500 empleados y una facturación de 150 millones de euros. Esas cifras se han elevado a 1.000 empleados y una facturación de 450 millones de euros.
El nuevo acuerdo también elimina el enfoque del sector de gran altura. Ese enfoque habría ampliado el alcance para incluir empresas que no cumplen con los requisitos de empleados o rotación pero que operan en industrias con una alta probabilidad de enfrentar conflictos ambientales o de derechos humanos.
Con esos cambios, se estima que se reducirá el número de empresas impactadas al 30% del alcance original. Esto se traduce en aproximadamente el 0,05% del número total de empresas que operan en la UE.
Además, la directiva se implementará gradualmente durante un período más largo. Empresas con 5.000 empleados y 1.500 millones de facturación se verán impactadas en 3 años. Las empresas con 3.000 empleados y 900 millones de euros de facturación se verán afectadas en 4 años. Las empresas con 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación se verán afectadas en 5 años.
A pesar de la disminución de sus ambiciones, las organizaciones de la sociedad civil ven en la ausencia de una CSDDD un verdadero peligro. "Es un elemento fundamental de la agenda política más amplia de la Unión Europea. La "ley de materias primas críticas”, que tiene como objetivo "mejorar el acceso” a minerales estratégicos, aumentará la presión en países de América Latina que, sin esa legislación, contarán solo con instrumentos comerciales sin herramientas jurídicamente vinculantes para la protección de derechos humanos y medioambiente”, afirma Wies Willems, oficial de Políticas de Materias Primas de la organización de derechos humanos Broederlijk Delen.
(NOTIICIA EN DESARROLLO)
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