La Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo y la Directiva de igualdad racial, ambas adoptadas en 2000, se concibieron para luchar contra la discriminación en el puesto de trabajo y por razones de raza. Es una buena noticia que estas Directivas de la UE se hayan convertido ahora en Derecho nacional en la totalidad de los 28 Estados miembros. No obstante, el nuevo informe publicado subraya que las autoridades nacionales aún tienen que asegurarse de que, en la práctica, ofrecen a las víctimas una protección eficaz frente a la discriminación. Entre los problemas detectados se encuentra la falta de conciencia pública de los derechos y el reducido número de denuncias de casos de discriminación. Con objeto de contribuir a este proceso, la Comisión ofrece financiación con vistas a aumentar la sensibilización y a formar expertos en Derecho en materia de igualdad. Por otra parte, la Comisión Europea ha publicado una guía para las víctimas de la discriminación.

«El principio de no discriminación es uno de los más importantes de nuestra Unión Europea. Todos somos iguales ante la ley y a todos nos asiste el derecho a vivir libres de discriminación», ha declarado la vicepresidenta y comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding. «Gracias a las normas de lucha contra la discriminación y a las iniciativas de aplicación de la Comisión, los ciudadanos disfrutan de estos derechos en los 28 Estados miembros. El reto al que nos enfrentamos es garantizar que las víctimas de discriminación pueden hacer valer sus derechos en la práctica, es decir, que sepan dónde pueden acudir para pedir ayuda y gozar de acceso a la justicia.»

El informe que se presentó pasa revista a la situación existente transcurridos trece años de que se adoptaran en 2000 las emblemáticas Directivas de la UE relativas a la lucha contra la discriminación. Las normas prohíben, en una serie de ámbitos clave, la discriminación por razones de origen racial o étnico, y, en el lugar de trabajo, por motivos de edad, religión, discapacidad u orientación sexual. Ambas Directivas han sido incorporadas al Derecho nacional en los 28 Estados miembros en cumplimiento de la actuación de la Comisión (véase el apartado Contexto).

No obstante, el informe concluye que sigue habiendo obstáculos para que las normas se apliquen adecuadamente. Es posible que las personas no siempre sean conscientes de sus derechos; por ejemplo, de que las normas de la UE les protegen de la discriminación cuando solicitan un empleo y en el propio lugar de trabajo. De modo análogo, la ausencia de datos en materia de igualdad –de cuyo acopio son responsables los Estados miembros– hace difícil la cuantificación y el seguimiento de los casos de discriminación. Es probable que, esencialmente por desconocimiento, solo se denuncie una pequeña parte de los incidentes de discriminación.

Para garantizar que los derechos de la UE a la igualdad de trato se apliquen adecuadamente en la práctica, la Comisión recomienda a los Estados miembros que se esfuercen por:

Seguir sensibilizando a la opinión pública sobre los derechos de no discriminación y concentrando sus esfuerzos en aquellas personas con un mayor riesgo, implicando a los empresarios y a los sindicatos. La Comisión ofrece financiación destinada a apoyar estas actividades y ha publicado una guía práctica para las víctimas de discriminación.

Facilitar a las víctimas la denuncia de casos de discriminación mejorando el acceso a los mecanismos de denuncia. Los organismos nacionales de igualdad tienen una función esencial que desempeñar y la Comisión seguirá apoyando la colaboración entre ellos y velará por que desarrollen eficazmente sus cometidos, como exige el Derecho de la UE.

Garantizar el acceso a la justicia para los afectados por discriminación. La guía para las víctimas publicada por la Comisión incluye consejos prácticos sobre cómo presentar y tramitar una denuncia por discriminación. Además, la Comisión financia la formación que se destina a los profesionales del Derecho y las ONG que representan a las víctimas de discriminación y que se centra en cómo aplicar el Derecho de la UE en materia de igualdad.

El informe ofrece también una panorámica general de la jurisprudencia desde la adopción de las Directivas y arroja luz especialmente sobre la discriminación por edad, que ha dado pie a un número considerable de sentencias que han sentado jurisprudencia.