Fiscalizan los rótulos y etiquetas para evitar información engañosa
La Secretaría de Comercio creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y/o Etiquetas (FDR), que alcanzará a los productos de los rubros de alimentos, bebidas, alimentos bebibles, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza doméstica que se comercialicen en Argentina. El objetivo es evitar que la información contenida en el mismo pueda llevar a error, engaño o confusión en el consumidor. COPAL cuestiona la medida.
Todos los rótulos y etiquetas de esos productos deberán someterse de forma obligatoria a un procedimiento de fiscalización ante la Dirección de Lealtad Comercial, con carácter previo a su comercialización.
La Dirección analizará la información recabada y la muestra del rótulo o etiqueta del producto y verificará el cumplimiento de la normativa vigente, “a fin de evitar que la información contenida en el mismo pueda llevar a error, engaño o confusión en el consumidor acerca de las cualidades, composición, materias primas y aditivos, unidad de medida o cantidad, precio y eventuales recaudos o efectos adversos”.
La resolución 420 de la Secretaría de Comercio advierte que cabe “extremar los cuidados” en la fiscalización de los rótulos y etiquetas de dichos productos, en la medida en que la información allí contenida “resulta esencial para la decisión del consumidor emparentada con hábitos alimenticios, eventuales contraindicaciones o prohibiciones médicas particulares”, o bien, “preferencias en el consumo basadas en posibles efectos beneficiosos para la salud”.
La medida se justifica además “en orden a la protección de los intereses económicos de los consumidores”, en aquellos casos en que las diversas presentaciones hacen mención explícita a cualidades o características destacadas del producto, ofertas o rebajas económicas que resultan habitualmente esenciales para la elección del consumidor.
Por consiguiente, señala Comercio, “quienes ofrezcan bienes del mismo tipo con diversas presentaciones comerciales -en las cuales los consumidores puedan ser inducidos a error o confusión al ver dificultada la comparación de sus características constitutivas, pesos o medidas y precios- deberán, en forma destacada y fácilmente visible, indicar la diferencia de producto del que se trata respecto de un producto elegido como referencia”.
De esta forma se pretende evitar que en los rótulos y etiquetas existan “vacíos informativos” o, por el contrario, “se incluyan mensajes con expresiones ambiguas, desconocidas o con una pluralidad de significados que den lugar a error, engaño o confusión y lleven a los consumidores a una decisión de consumo equivocada”.
La resolución de la Secretaría de Comercio lleva la firma de su titular, Augusto Costa, y se publica hoy en el Boletín Oficial.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) cuestiona la medida y la percibe como una "excesiva sobrecarga de regulaciones y burocracia que enfrenta la industria de alimentos y bebidas, que se vio particularmente incrementada a través de dos nuevas regulaciones", en este caso: la Disposición 6516/2015 de la ANMAT y la Resolución 420/2015 de la Secretaria de Comercio.
“Estas normas no hacen otra cosa que agregar más tramites y nuevas regulaciones sobre la industria de alimentos y bebidas, al punto que parecerían mostrar una actitud persecutoria y discriminatoria hacia el sector, mostrando un avance estatal que va más allá de una intervención razonable, en los términos de la Constitución y de la ley. En particular, la disposición de ANMAT que obliga la fiscalización de toda publicidad en el momento de su implementación, además de agregar una pesada carga de trámites para las empresas, podría constituirse en una suerte de “censura previa”; dijo el presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja.
Por otro lado y con la Resolución de la Secretaría de Comercio 420/2015, que establece la fiscalización previa de los rótulos de los productos para su salida al mercado, COPAL afirma que ese organismo actúa fuera de su competencia y duplica innecesariamente un trámite que ya se efectúa ante la autoridad sanitaria correspondiente a nivel provincial y nacional.
Por estas razones, "COPAL expresa su preocupación y rechazo ante semejante exceso de carga burocrática y sobre-regulaciones que torna cada vez más complejo el desarrollo productivo, en particular de las pequeñas empresas. Asimismo, estas normas constituyen una irrazonable e indebida injerencia estatal en una actividad que ha demostrado ser altamente competitiva y eficiente, tanto a nivel nacional como internacionalmente, tal como se desprende de los datos de exportaciones, aún a pesar de la delicada situación por la que atraviesa en la actualidad".