La Secretaría de Comercio creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y/o Etiquetas (FDR), que alcanzará a los productos de los rubros de alimentos, bebidas, alimentos bebibles, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza doméstica que se comercialicen en Argentina. El objetivo es evitar que la información contenida en el mismo pueda llevar a error, engaño o confusión en el consumidor. COPAL cuestiona la medida.

El organismo que reúne y representa a los organismos de autorregulación de Europa, la EASA (European Advertising Standars Alliance) ha creado una nueva publicación donde explica por qué la autorregulación publicitaria es buena para los consumidores, buena para los negocios, y por qué es la opción correcta para los reguladores.

La Advertising Standards Authority (ASA) ha prohibido la difusión de una campaña de la empresa American Apparel por considerar que sus avisos son irresponsables y ofensivos por utilizar una modelo que aparenta tener menos de 16 años en actitudes sexualizadas. La empresa argumenta que la modelo es mayor de edad. Para la ASA eso no basta.

Un fallo judicial dispuso que la empresa debía pagar una multa por publicidad engañosa y cambiar las etiquetas de dos de sus bebidas de frutas que informaban contener  “100% jugo” y “todo natural” por dar la falsa impresión de que el contenido de vitaminas en las bebidas se debía al nutriente de frutas y jugos, en lugar de los compuestos sintéticos añadidos. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires imputó a la empresa Carrefour Argentina por publicidad engañosa luego de comprobar que en los locales del hipermercado no se podían comprar varios productos ofertados. Se trata de una promoción que alcanza a 42 productos que permitirían alimentar a una familia de 4 integrantes, a $ 6,99 por día por persona. El incumplimiento fue comprobado por los inspectores del área de Defensa del Consumidor, quienes se presentaron en 7 locales de la firma en la Ciudad para comprobar la existencia de la canasta de 42 productos.La empresa deberá ofrecer las pruebas para explicar porque no fueron encontrados los productos ofrecidos en las góndolas. De quedar firme la imputación, se le podría aplicar una sanción de hasta $ 5.000.000.