Tanto es así que, Miguel Trías, presidente de ESADE Alumni y experto en corporate governance, insistió en que  “no se puede trasladar automáticamente todas políticas de las cotizadas a las no cotizadas pero sí adaptar las de governance en estas últimas. Por ejemplo la exigencia de una profesionalización de los consejeros en las juntas de administración es cada vez más evidente y necesaria”. “El elevado nivel de preparación en cuanto a agenda de estos consejos es uno de los aspectos más destacados en el estudio”, argumento Juan Antonio Bordas, socio y director del Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo de Deloitte, para quien la clave de esta realidad es la necesidad actual de las empresas de gestionar la incertidumbre.

El estudio en el que participan 200 empresas españolas no cotizadas analiza los diferentes ámbitos que competen al Buen Gobierno y a la gestión de las compañías. Así, el informe realiza un análisis de la opinión y del grado de desarrollo de las empresas sobre aspectos como: la estrategia, la gestión de riesgos, el control interno, la auditoría interna, la Responsabilidad Corporativa, nombramientos y retribuciones y la prevención del fraude. Entre las conclusiones se señala que:

En cuanto a los aspectos de Gobierno Corporativo más importantes para las empresas participantes destacan los relacionados con la estrategia, el control interno y la gestión de riesgos, siendo también relevantes los aspectos vinculados a los códigos de ética, reglamentos y políticas corporativas.

Un 59% de las empresas cuentan con un código ético y un 47% de las empresas no tiene establecida una política de conflicto de intereses.

Los principales aspectos incluidos de forma planificada en los consejos de administración son los temas de seguimiento de presupuestos y resultados, el seguimiento de la actividad y operaciones y los vinculados con la estrategia.

En relación a la Responsabilidad Social Corporativa, una de cada tres compañías analizadas afirma emitir formalmente un informe de esta materia, frente al 97% de las compañías del IBEX que publican este tipo de información. De entre las compañías que realizan estos informes, el 45% afirman haber solicitado la verificación de los mismos por parte de un tercero independiente.

Sólo seis de cada diez empresas encuestadas tienen implantada la función de Auditoría Interna, lo que no significa que no se realicen actividades propias de esta función en el resto, ya que éstas pueden ser llevadas a cabo por las propias áreas funcionales.

Sólo un 38,5% de las empresas participantes manifiestan contar con una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que se ocupa principalmente gestionar los aspectos de nombramientos, evaluaciones de desempeño y retribuciones de la alta dirección.

Gran parte de las empresas no cotizadas consultadas (ocho de cada diez) tienen identificados los riesgos de negocio. Sin embargo, el porcentaje de éstas que cuenta con un mapa de riesgos formalizado y documentado y una política de gestión de riesgos desciende al 30%. Las áreas de mayor riesgo identificadas por los encuestados son las relacionadas con las operaciones (67%) y el entorno (58%), por delante de las financieras. Por el contrario, el área considerada de menor riesgo es la relacionada con la fiabilidad de la información financiera, gracias a la implementación de mecanismos de control interno.

Sólo el 35% de las empresas no cotizadas dispone de planes de prevención de fraude, lo que contrasta con el alto grado de concienciación sobre las implicaciones de un posible fraude en su organización. Las empresas consideran que el origen de estos riesgos es principalmente interno, relacionándolo con posibles actividades ilícitas de sus propios directivos y empleados, y que los principales tipos de fraude son las transacciones no registradas en la contabilidad, las pérdidas de stock repetidas y superiores a lo habitual o razonable y las alteraciones de los registros contables por empleados o directivos con el objetivo de obtener el cobro de bonus o incentivos.