La Mesa de trabajo organizada por la CMF, PwC y Sistema B se propuso hacer un levantamiento de inquietudes y opiniones sobre esta nueva normativa, que fue recopilada en un informe por la organización que servirá de insumo para las mesas consultivas que serán realizadas en marzo.

El documento final presenta, en principio, una “recepción positiva” por parte de las empresas participantes de la mesa hacia esta iniciativa de modificación de la Norma 386 de la CMF.

“Las modificaciones significarían un paso para Chile, con la intensión de asemejarse a países con altos estándares como EEUU y en la comunidad europea”, indica el informe.

Entre las recomendaciones ofrecidas por los participantes de la mesa se destaca la necesidad de una implementación progresiva de los cambios a partir de 2022 ya que “la entrada en vigencia en 2021 sería muy apresurado, considerando que aún no se tiene la norma definitiva”.

Se hizo énfasis en discutir sobre una clasificación de las empresas por industria y tamaño de manera de facilitar una mejor comparación, al tiempo que se sugiere un “proceso de materialidad previo, de manera de las empresas deban reportar sobre aquellos impactos que sean pertinentes para la empresa, siguiendo la lógica GRI”.

Al mismo tiempo, se sugiere que cada indicador que se solicite sea efectivamente relevante y definido según esta materialidad debido a que “existe la percepción que pueda repetirse la situación con la NCG385, donde el regulador ya no lo considera y cada vez las empresas están contestando menos”.

Durante las discusiones de la mesa surgió la duda si un reporte de sostenibilidad elaborado con los Estándares GRI (el más utilizado en Chile) podría servir como anexo a la memoria financiera, siempre que contenga todos los indicadores requeridos, para evitar la duplicidad de informes. Además, se expresó la necesidad de un proceso de verificación de la información.

Finalmente, las empresas de la mesa indicaron la necesidad de “tener en vista el contexto social post octubre 2019, ya que hay mucha información que podría ser altamente sensible sin ser realmente un aporte a la trasparencia y sostenibilidad”.

El informe con las conclusiones de la mesa también señala comentarios por área (social, ambiental y económica). En el área ambiental se recomienda alinearse a las metas ambientales y climáticas de Chile, en especial con las metas del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la meta nacional de carbono neutralidad para el año 2050, y la  Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) de Chile. En la dimensión social, se recomienda, entre otras cosas, una exigencia en “medición de impacto y alcance para ver que efectivamente se esté midiendo la efectividad de los programas y no sean solo donaciones, al mismo tiempo de identificar el grupo de interés asociado”.

Finalmente, en la dimensión económica se mencionó que la que la ley 20.393 sobre combate a la corrupción incluye 12 delitos distintos, y el indicador solo menciona tres de ellos. Además, que la gestión de proveedores exige información regulada por la ley que entrará en vigencia en abril del 2020 y que se necesita ir más allá y solicitar otro tipo de información que supere la ley. Además, se pidió solicitar a las empresas el apoyo a sus proveedores pyme para reportar información ESG.