En las respuestas al cuestionario para el Anuario Empresa Responsable publicado en España, el consultor español, Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilidad Global, analiza las causas de las dificultades en el avance de la RSE en España, Europa y el resto del mundo. A la vez, cuestiona la validez de algunas memorias por falta de materialidad suficiente aunque valora los progresos y el avance en la visión global como empresa. Finalmente, después de algunos comentarios sobre el rol de los diferentes actores sociales en la RSE (Gobierno, Medios, ONG, Academia, Sindicatos y Organismos Internacionales) proclama la necesidad de disminuir los costos de comprensión de la RSE, buscar la máxima integración a los sistemas de gestión e indicadores de la empresa, garantizar la máxima comparabilidad a la vez que adecuación al sector empresarial.

Políticos, analistas, directivos, académicos e incluso periodistas coinciden en la necesidad de que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se impulse por ley. Así se desprende de la segunda oleada del Estudio KAR 2008 de Reputación Corporativa en España, presentado en Madrid.

El Gobierno de Navarra ha aprobado el Programa General de incentivación, promoción e impulso de la Responsabilidad Social Empresarial en la Comunidad Foral. El Acuerdo será trasladado al Parlamento de Navarra. La previsión presupuestaria para los años 2008-2010 asciende a 2.351.065,25 euros.

Apostar por la inversión responsable, insistir en la necesidad de un gobierno corporativo centrado en la transparencia y la información, y la lucha contra el blanqueo de capitales son los asuntos más relevantes en la contribución del sistema bancario a la sostenibilidad, según el "Libro Verde de la RSC en el sector financiero" presentado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

España impulsará, en el ámbito de la UE, la inclusión de información sobre el impacto ambiental y social de las empresas y sus procesos de producción (lo que se conoce como "trazabilidad social") en el etiquetado de los artículos que comercialicen. Así lo declaró en rueda de prensa Etelvina Andreu, directora general de consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, durante un foro sobre Comercio Justo y Consumo responsable celebrado en Madrid.

Sólo el  36 por ciento de las empresas españolas tiene contratada a alguna persona con discapacidad, según revela el estudio 'Discapacitados y empresas: Un análisis de la productividad',  elaborado por el Instituto de Acción Social Mapfre y la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, en colaboración con el grupo Indehold. Actualmente 100.000 personas con discapacidad trabajan en España.

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid, a la que tuvo acceso Europa Press, da la razón a la cajera de una gran superficie comercial estableciendo que la demandante, asesorada jurídicamente por el sindicato UGT, tiene derecho a la reducción de jornada solicitada para atender a su hija, de 3 años.

Con la misión de recopilar, analizar y difundir la información relacionada con las condiciones laborales y sus consecuencias para la salud de los trabajadores se ha creado el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo.

Una de las conclusiones ha sido que el 60% de las empresas vascas reconoce generar impacto medioambiental pero menos de un tercio cuenta con un seguro de Responsabilidad Medioambiental. Marsh y el IHOBE (organismo perteneciente al Departamento de Medioambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno vasco) han organizado una jornada sobre Responsabilidad Medioambiental en Bilbao. La principal conclusión del acto fue que "Quien contamina paga y repara, sí, pero de las posibles formas de cumplir con la ley, el seguro es el instrumento más eficaz ante el riesgo medioambiental".

La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) presentó hoy en Madrid la 'Guía Técnica de las Compras Sostenibles', que integra más de 50 estándares de sostenibilidad aplicables a la gestión de compras. El documento incluye indicadores de sostenibilidad recogidos en la legislación nacional e internacional, normativas de gestión responsable y etiquetados ecológicos y sociales que el comprador puede tener en cuenta para comprobar que sus compras sean sostenibles.